Aprueban en el Congreso cuentas públicas 'libres' de irregularidades

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2011).- La revisión de cuentas públicas genera, en la mayoría de las veces, suspicacias. En lo que va de la actual Legislatura del Congreso —inició en febrero de 2010— se han revisado alrededor de 130 cuentas públicas, de las cuales 100 han sido aprobadas. Es decir, no se encontraron observaciones.

Llama la atención que entre aquellas cuentas “limpias” están las del Poder Ejecutivo 2007 y 2008, del Congreso —avaladas por la anterior Legislatura junto con la cuenta pública de la Universidad de Guadalajara, de 2008—, aprobada por los actuales diputados.

A partir de 2008, los legisladores locales modificaron la Ley de Fiscalización y ahora es el dictamen de la Auditoría Superior de Estado de Jalisco (ASEJ), instancia que en términos llanos tiene la última palabra.

Esta medida se tomó, debido a que en un gran número de cuentas públicas las observaciones que remitía el Órgano Máximo de Fiscalización eran subsanadas al presentar documentación comprobatoria como facturas u órdenes de compra entre otros, en la Comisión de Vigilancia —antes de Inspección— y quedaban “limpias”.

No obstante, en la actual Legislatura se analizan gastos anteriores a 2009. De acuerdo con reportes de la Comisión de Vigilancia, ha revisado cuentas que datan desde 2004, de acuerdo con la Ley de Fiscalización en vigor, las reformas aplican en las revisiones de las finanzas a partir de 2009.

De las cerca de 130 cuentas de diversos municipios, el Congreso consideró que los ayuntamientos subsanaban las observaciones de la ASEJ en alrededor de 70 casos y “perdonó” 156 millones de pesos (MDP) que la Auditoría encontró como posibles irregularidades.

De las revisiones del gasto que la ASEJ remitió al Congreso, ese poder disminuyó el monto de lo señalado por la Auditoría en alrededor de 30 cuentas que la Comisión de Vigilancia determinó que no se comprobaba el gasto, los diputados fincaron cargos por 216 millones 919 mil pesos, de los 329 millones 74 mil pesos que proponía la Auditoría, es decir “perdonó” 112 millones de pesos a las cuentas públicas de  diversos municipios.

A pesar de las reformas a la Ley de Fiscalización, sigue sin existir un mecanismo para garantizar que la revisión de cuentas públicas no se politizará. La ASEJ hace revisiones, según lo ha explicado en diversas entrevistas su propio titular, Alonso Godoy Pelayo, de manera aleatoria, y revisa sólo determinados porcentajes del total de la cuenta pública. Ha dicho que, por ejemplo, en el caso de los municipios y de Gobierno del Estado, se analizan “uno de los temas más sensibles”: la obra pública, y en el caso de los municipios la edificación de fraccionamientos, uno de los rubros donde más observaciones se han detectado.

En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, en la revisión de la cuenta pública 2008 se cuestionaron los motivos por los que la inspección de la misma se limitó a los gastos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de los 14 que conforman la red universitaria. Cabe señalar que en el caso de la UdeG, es un organismo que se somete a revisiones también de la Auditoría Superior de la Federación.

En 2009, el auditor del Estado, Alonso Godoy Pelayo afirmó que por falta de recursos humanos y materiales no se habían llevado a cabo las revisiones de las cuentas públicas de la casa de estudios de 2006 y 2007.



Auditorías presupuestales

Diputados perdonan observaciones por más de 268 millones de pesos

Caso especial son las revisiones a los gastos del Gobierno del Estado, que desde 2005 son presentadas por la ASEJ sin observación alguna, de acuerdo con el dictamen que emite el Máximo Órgano de Fiscalización la aplicación de recursos en el Estado, ha estado en orden.

En el caso del Poder Legislativo, están aprobadas las cuentas públicas 2007 y 2008 del Congreso, también sin cargo alguno. Sin embargo luego de la información dada a conocer tras la revisión de la empresa Russell Bedford, saltaron a la vista presuntos recursos mal aplicados: cheques cobrados por el personal del Congreso y de la ASEJ, entre los que estaba el propio auditor superior, Alonso Godoy (señalado por recibir beneficios en prestaciones hasta por 10 millones de pesos).

Las observaciones de la empresa privada incluían presuntos gastos irregulares desde 2007, cuando se cuestionó a los legisladores si se habrían de fincar cargos por las presuntas anomalías en el ejercicio del gasto del Congreso, se respondió que debido a que estas cuentas habían sido aprobadas sin cargos, nada se podía hacer.

Por ello, la atención se ha centrado en la revisión de la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo, revisión de finanzas que se ha dado a conocer —dice el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas— de manera irregular, pues ha trascendido con documentos que las presuntas observaciones podrían llegar hasta los 300 millones de pesos, cuando en el Congreso local, no se tiene comunicación oficial de la revisión de esa cuenta pública.

Esto generó el descontento de Barajas del Toro quien solicitó oficialmente —a través de un comunicado— a Godoy Pelayo que informe del estado de la cuenta pública 2009 del Congreso que corresponde al ejercicio del recurso de la pasada Legislatura.

Han sido las cuentas públicas de municipios panistas las más observadas. De las 30 con observaciones, 19 son panistas y la que hasta ahora lleva el récord de los cargos más altos es la de Tlajomulco de Zúñiga en la administración de Antonio Tatengo (2007-2009) por 177 millones de pesos, lo que significa 80% del total de las observaciones de las cuentas públicas a los municipios.

De las 130 cuentas revisadas por la ASEJ, remitió sin cargo para su revisión a la Comisión de Vigilancia 15, entre las que estaban la de Puerto Vallarta 2008 gobernada por Francisco Javier Bravo Carbajal y otras más de municipios como Casimiro Castillo 2008 del PRD, Mascota, del Partido Verde o Valle de Juárez del PAN por mencionar algunas.

En las revisiones, el hecho de que el Congreso finque cargos es sólo una parte del proceso para que quede concluido el trámite es necesario que la autoridad en funciones cobre el monto observado a las ex autoridades responsables de la aplicación irregular del gasto señalado primero por la ASEJ y ratificado por el Congreso. Debido a que en los últimos años no se tiene información de que el cobro de este recurso se haya concretado, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, pidió al auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, que reviese la situación que guarda el cobro de estos montos económicos que ascienden a más de 200 millones de pesos (la cifra alcanza más de 268 millones) y que deberían reintegrarse a las arcas municipales.

Nueva Ley, más problemas

Con las reformas a la Ley de Fiscalización que se concretaron en 2008 se pretendía terminar con lo que comúnmente se conoce como “lavado de cuentas públicas en el Congreso del Estado”. Era común que, dependiendo de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, se esperaran revisiones favorables para municipios de determinados partidos.

Uno de los cambios sustanciales de la Ley de Fiscalización fue que a partir de las revisiones de las cuentas públicas de 2009, los diputados no “podrían meter mano” a los dictámenes de las cuentas públicas; podrían aprobar o rechazar el dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero los legisladores ya no podrían recibir documentos probatorios que pudieran disminuir los cargos que la ASEJ proponía a las cuentas públicas.

Actualmente existe una controversia entre Barajas y Godoy debido a que el primero solicitó al pleno del Congreso que le dieran facultad a la comisión legislativa que preside para regresar las cuentas públicas directamente a la ASEJ cuando considere que las revisión no se concretó de manera adecuada. Sin embargo, para Godoy Pelayo la facultad de regresar cuentas públicas para su nueva revisión al Máximo Órgano de Fiscalización es exclusiva del pleno del Congreso local.