Acredita CEDHJ la segunda recomendación del año por tortura

GUADALAJARA, JALISCO (01/JULIO/2010).- Por segunda ocasión en lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ( CEDHJ) acreditó la violación de los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, y a la legalidad y seguridad jurídica de tres personas que fueron golpeadas y torturadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Tras reiterar que la investigación y persecución de los delitos debe hacerse con apego a las normas jurídicas, el presidente de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián recomendó al procurador, Tomás Coronado Olmos, que ordene concluir el procedimiento administrativo de responsabilidad 366/2009 en contra de los servidores públicos Evaristo Ortega Chagollán, Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, Rafael Pérez Contreras, Miguel Mungía Martínez y Miguel Adolfo Preciado García, quienes participaron en los hechos.

Las quejas que motivaron la Recomendación se presentaron en enero de 2009 a favor de tres personas.

En el primer caso, el agraviado afirmó que fue detenido en el municipio de La Barca sin una orden de aprehensión y posteriormente trasladado a Guadalajara al área de homicidios de la Procuraduría General de Justicia.

El afectado dijo que una vez ahí, lo desnudaron, lo golpearon, lo colocaron boca arriba en el piso, se sentaron en él y le pusieron un trapo en la boca mientras le arrojaban agua en la cara, hasta que se inculpó de un homicidio. 

En el segundo caso, dos hombres aseveraron que fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a la calle 14, donde fueron golpeados, amenazados, hostigados y torturados por asfixia. Las dos quejas fueron acumuladas por tratarse de hechos relacionados entre sí porque los policías investigaban la comisión de un mismo delito.

La CEDHJ también pidió que se repare el daño moral y psicológico que sufrieron los inconformes en sus personas en forma objetiva y directa conforme la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Asimismo solicitó que se inicie y resuelva la averiguación previa en contra de los servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad y los que resulten; y que adjunte copia de esta resolución a su expediente para que quede constancia de que violaron derechos humanos.