Zapatero mantiene los ajustes, pese a la huelga general

MADRID, ESPAÑA (01/OCT/2010).- Pese a que miles de personas no acudieron ayer a trabajar y se manifestaron exigiéndole al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que derogue la recién aprobada reforma laboral, el Ejecutivo anunció que no lo hará.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció la “incertidumbre, la preocupación y el descontento” que demostraron los manifestantes. Dijo que “debemos tratar de entender y atender” sus reivindicaciones, en tanto mostró la disposición del Gobierno a retomar el diálogo con los sindicatos.

Aunque se refirió a la posibilidad de renegociar el tema de las pensiones, Fernández dejó claro que la reforma laboral está aprobada y que no habrá marcha atrás.

El Gobierno cree que la situación económica del país, con más de cuatro millones de desempleados, obliga a llevar a cabo una reforma que universaliza el contrato con el despido más barato: 33 días por año trabajado, frente a los 45 de antes.

Asimismo, permite que un empresario despida a un trabajador por causas económicas, para lo que le deberá indemnizar con 20 días por año trabajado. El Ejecutivo calcula que esta reforma permitirá la firma de dos millones 37 mil nuevos contratos indefinidos desde el mes de julio hasta fin del 2012. Es decir, unos 900 mil este año y el resto el año que viene. Mientras los sindicatos lo consideran un error.

Sindicatos y Gobierno están conscientes de que no pueden romper su relación, como ocurrió en 1988 entre el entonces presidente Felipe González, y la Unión General de Trabajadores (UTG). Rodríguez Zapatero sabe que en UGT milita 60% del grupo parlamentario socialista, con él incluido. Los sindicatos saben que si se rompe el diálogo no van a conseguir nada.

Por eso, ambos buscan reunirse cuanto antes. Zapatero para olvidar una huelga que nunca ha negado, como sí hizo José María Aznar, en la que tuvo lugar en el 2002; y los sindicatos porque son conscientes de que la huelga no logró paralizar el país como ellos deseaban y como sí ocurrió en 2002 durante la administración del Partido Popular (PP).

Además, para ellos la alternativa de negociar con un mandato conservador presidido por el PP sería peor. Ante este escenario, el tema de las pensiones podría servir para que la primera huelga al Gobierno de Rodríguez Zapatero no termine con una derrota de los sindicalistas ni del Ejecutivo. Es decir, para que no haya ni vencedores ni vencidos. El Gobierno podría dar marcha atrás en el decreto gubernamental de mayo y decidir aumentarlas. Así cedería en parte a los deseos de los sindicatos, que lograrían una victoria de la que se beneficiarían ocho millones y medio de pensionistas.