Ley Arizona hace desconfiados a los residentes

TUCSON, ESTADOS UNIDOS (06/JUN/2010).- El oficial de la Policía en Tucson, Martin Escobar, ha trabajado para cimentar relaciones de confianza en los vecindarios de clase trabajadora mexicano-estadounidenses que patrulla.

Pero después de que Arizona aprobó una ley estatal en abril endureciendo las penas sobre la inmigración ilegal, algunos residentes dejaron de reportar crímenes como robos y violencia doméstica, por temor a ser arrestados.

La ley de Arizona exige que la Policía estatal y local determine el estatus inmigratorio de cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país.
Escobar es uno de los dos funcionarios policiales del Estado que ha presentado demandas en la Corte federal para desafiar a la ley, que entra en vigencia el 29 de julio.

La ley es respaldada por una mayoría de estadounidenses y por los dos mayores sindicatos policiales en Arizona, un corredor importante para contrabando de drogas y personas desde México.

En el área sur de Tucson que patrulla Escobar de 45 años, que lleva en la Policía estadounidense 15 años, más de la mitad de los residentes son hispanos.

Eso incluye a mexicanos-estadounidenses de tercera y cuarta generación y también a inmigrantes.

En la demanda que presentó en abril, Escobar arguye que no hay “criterio neutral racial” para identificar a los inmigrantes. Dice que los funcionarios inevitablemente aplicarían la ley “basados en cómo habla o se ve una persona”.

Escobar, que se nacionalizó estadounidense cuando llegó a Tucson con su familia a los cinco años, también arguye que la Policía del Estado no tiene la autoridad para desarrollar deberes de inmigración federal y que la ley impediría seriamente las investigaciones en la comunidad que patrulla.
 
Las dudas de Escobar sobre la ley Arizona son compartidas por muchos jefes de Policía estadounidense y el Gobierno del presidente Barack Obama, que podría presentar su propia demanda por la ley.

La semana pasada, un grupo de ocho jefes policiacos de distintas ciudades incluyendo a Los Ángeles y Tucson, dijeron al fiscal general del país, Eric Holder, que la ley estatal reduciría los limitados recursos de seguridad y que podría llevar a un incremento en el crimen.

No se ha fijado una audiencia para la demanda de Escobar. En tanto, las relaciones con sus compañeros se han tensionado.

“Algunos policías ya no me hablan y he perdido muchos amigos por la postura que adopté”.

Pero afirma que no se arrepiente: “Siempre he tratado de hacer lo correcto. Nuestro lema es ‘servir y proteger’ y eso incluye a todos”.