Ley Arizona cimbra y divide a la Corte

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (26/ABR/2012).- Se traban. El Gobierno de Estados Unidos encontró dificultades para defender ante el Tribunal Supremo sus argumentos en contra de la polémica ley de inmigración de Arizona, que fueron cuestionados por los jueces más conservadores.

La máxima instancia judicial del país celebró una audiencia sobre este caso, en el que se dirime si es o no constitucional la ley SB1070, que convierte en delincuentes a los inmigrantes “sin papeles” en ese Estado.

Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la Policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una “sospecha razonable” de que es indocumentada.

El abogado del Gobierno de Obama ante el Supremo, Donald Verrilli, argumentó que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Verrilli argumentó que la SB1070 no sólo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones bilaterales con México.

El Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona viola la cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia y también viola la cláusula de comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.

Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.

Para Roberts, la oposición del Gobierno de Washington a la SB1070 puede indicar que “simplemente no quiere saber quién está acá ilegalmente o no”.

“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó entonces de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verrilli.

La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que Verilli no había logrado persuadirlos.  El argumento del Gobierno “no está vendido bien”

Por su lado, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.                 

RELÓN DE FONDO
Polémica normatividad

El 23 de abril de 2010, Jan Brewer, gobernadora de Arizona, promulgó la controvertida ley migratoria para inhibir el paso de indocumentados a su Estado, al argumentar que el Gobierno federal no cumplía con su deber de garantizar la seguridad en la frontera.

Russell Pearce, autor de la SB1070 y actualmente ex senador estatal republicano y Kris Kobach, artífice de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del precandidato presidencial republicano Mitt Romney, asistieron a la sesión Tribunal Supremo de Estados Unidos, además de Jan Brewer.

Como parte de una “guerra de desgaste” contra los indocumentados, la SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas.

Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen hacia finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.

FRASE

"Por supuesto que no sabremos la decisión de la Corte hasta en varias semanas, pero estoy llena de confianza "

Jan Brewer, gobernadora de Arizona