El Gobierno aprueba plan de austeridad

MADRID, ESPAÑA (28/MAY/2010).- Los diputados españoles aprobaron el impopular plan de austeridad del Gobierno socialista, tras un debate revelador del profundo aislamiento de José Luis Rodríguez Zapatero que salvó su cabeza con lo justo.

Apenas un voto de diferencia (169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones) permitió adoptar el decreto ley del Gobierno que incluye una reducción del salario de los funcionarios desde junio y el congelamiento de las pensiones en 2011 para acelerar la reducción del déficit público del país.

El Gobierno calcula economizar 18 mil 400 millones de dólares en 2010 y 2011 para acelerar la reducción del déficit público, que llegó hasta 11.2% del PIB (Producto Interior  Bruto) en 2009 y que quiere llevar a 3%, en 2013.

Un resultado negativo habría provocado probablemente la caída de Rodríguez Zapatero y hubiese tenido repercusiones desastrosas para España y la Eurozona por parte de unos mercados financieros ya extremadamente nerviosos.

Sólo los diputados socialistas, que no tienen mayoría absoluta, aprobaron el texto.
Los demás grupos parlamentarios votaron en contra —como el Partido Popular (PP, derecha), hostil al congelamiento de las pensiones, o los ecologistas comunistas, que protestan la reducción de los salarios de funcionarios— o se abstuvieron.

La abstención del grupo nacionalista catalán CiU, de los canarios Coalición Canaria y de los navarros Unión del Pueblo Navarro otorgó al Gobierno la ventaja de sólo un voto tras dos horas de intensas discusiones en el Congreso.

Entre los malos augurios para Zapatero destaca el que los diputados del Partido nacionalista vasco (PNV) votaron contra su decreto ley, cuando fue esa fuerza la que le permitió al gobierno aprobar sus anteriores presupuestos.

En caída libre en la opinión pública, según un sondeo reciente, Zapatero se abocará ahora a la reestructuración de las cajas de ahorro en mala situación por el estallido de la burbuja inmobiliaria y a una delicada reforma del mercado laboral, que lo llevó a anular un viaje previsto a Brasil.

Anunciado clima de tensión social

España reformó la ley para recortar el salario a los burócratas y mantener el importe de las pensiones, en un decreto que suprime la prestación por nacimiento (cheque bebé) de más de tres mil dólares a partir del primero de enero de 2011.

La reñida votación de ayer puso de manifiesto el tenso clima social y político que se vive en un país que, con una tasa de desempleo de 20%, negocia también a marcha forzada una reforma laboral.

El plan original del Gobierno contempla que cada año, a partir de 2013, se sumarán dos meses para que el trabajador pueda jubilarse. Es decir, en 2018 los españoles se jubilarán a los 66 años y en 2025, lo harán a los 67.

El momento de tensión se vislumbra ya en el horizonte cercano, porque los sindicatos convocaron a una huelga de funcionarios el 8 de junio y no excluyen una huelga general.