EU aprueba 29 solicitudes de Acción Diferida a indocumentados

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/SEP/2012).- El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos informó hoy que ha aprobado 29 solicitudes del Programa de Acción Diferida para jóvenes Indocumentados que buscan evitar la deportación y obtener un permiso de trabajo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que depende del DHS, informó que hasta la fecha se han aceptado para su trámite un total de 82 mil 361 solicitudes.

Indicó que además se han programado 63 mil 717 citas para datos biométricos, y se tienen mil 660 peticiones listas para su revisión.

El Programa de Acción Diferida, que entró en vigencia el 15 de agosto pasado, beneficia a jóvenes de entre 16 años y 31 años que han vivido en el país por lo menos cinco años antes de haber cumplido 16 años.

Además deben haber terminado la preparatoria, o estar inscritos en un programa de equivalencia, y no tener antecedentes penales. El programa también beneficia a los que han servido en las Fuerzas Armadas.

Más de 1.7 millones de inmigrantes indocumentados se podrían beneficiar del programa de alivio migratorio temporal, con un costo de 465 dólares, que se puede renovar luego de dos años.

Tras la decisión de aceptar los casos, las autoridades federales esperan procesarlos en un periodo de cuatro a seis meses.

El programa es similar a la iniciativa Dream Act para jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, el cual ha languidecido por años en el Congreso, a pesar de que cuenta con respaldo bipartidista.

Legisladores republicanos han criticado el Programa de Acción Diferida al que califican como una “amnistía”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Barack Obama afirma que es una medida necesaria por la inacción del Congreso en materia migratoria, y para enfocarse en extranjeros criminales que representan realmente una amenaza para la seguridad del país.

El vocero del DHS, Peter Boogard, sostuvo en un comunicado que las leyes de inmigración “se deben aplicar de una manera firme y sensible”, pero no están diseñadas a aplicarse “ciegamente” sin consideración a las circunstancias individuales.

“Estos jóvenes no representan un riesgo a la seguridad pública”, puntualizó.