Costa Rica y Nicaragua, sin derecho de entrar a zona en disputa

LA HAYA, COSTA RICA (09/MAR/2011).- Mientras se determina la soberanía del territorio en disputa, tanto Nicaragua como Costa Rica tienen prohibido ingresar personal militar en Isla Portillos, en el extremo Noreste de la Isla Calero, ordenó la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

De este modo, la Corte concedió en parte la solicitud de Costa Rica de que se prohibiese solamente a Nicaragua el estacionamiento de militares en esa zona, que está situada cerca de la desembocadura del fronterizo Río San Juan y que ambos países reclaman.

Como excepción, los jueces indicaron que Costa Rica podrá enviar personal civil encargado de “proteger el medioambiente (...) pero solamente cuando sea necesario para evitar un daño irreparable en los humedales”. Y es que al inicio del conflicto, Costa Rica denunció que Nicaragua estaba dañando zonas naturales.

En esos casos, Costa Rica deberá notificar a Nicaragua de sus actuaciones, especificó la decisión.

La máxima instancia judicial de la ONU también desestimó la petición de Costa Rica de que Nicaragua dejase de realizar labores de dragado sobre el río, cuya soberanía recae sobre Managua, porque no se ha demostrado que esas labores supongan un riesgo o daño irreparable para el medio ambiente.

La petición de Costa Rica de parar los trabajos del canal artificial fue rechazada por la Corte ya que las obras ya están finalizadas, aunque impidió a Nicaragua dragar sobre el caño.

Los jueces especificaron que Costa Rica y Nicaragua pueden luchar contra el crimen organizado desde sus respectivas orillas del río, pero no sobre el terreno de Isla Portillos ni sobre las aguas del caño que Nicaragua ha dragado, ya que la Corte debe determinar a quién pertenece el territorio sobre el que se ubica ese canal.
Ambos gobiernos dijeron anotarse una victoria con la resolución.

“Hoy, Nicaragua se encuentra sumamente feliz con este fallo”, comentó Carlos Argüello Gómez, jefe del equipo legal de Nicaragua y embajador de Nicaragua en los Países Bajos.

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, manifestó que las medidas cautelares dictadas por la Corte han “superado las expectativas” de su Gobierno. “Sobran razones para celebrar”, expresó en un mensaje a la nación

El caso seguirá en manos de la Corte, donde una sentencia final podría tardar varios años.

TELÓN DE FONDO
Google Maps, el argumento

El origen del conflicto entre Nicaragua y Costa Rica tiene lugar el 21 de octubre de 2010. En ese entonces, el Gobierno de San José denunció a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que militares nicaragüenses invadieron una porción de su territorio en la llamada Isla Calero, un área de humedales adyacente al fronterizo Río San Juan.

Como parte de la denuncia, Costa Rica afirmó que Nicaragua había ocasionado daños ecológicos a su territorio.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que todos los trabajos se realizaban en suelo nicaragüense y que era ahí donde se encontraban los militares haciendo labores contra el narcotráfico.

Por su parte, Edén Pastora, líder del contingente nicaragüense ubicado en la zona en disputa, mencionó: “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos tres mil metros las dos márgenes son de Nicaragua. De allí hacia El Castillo, la frontera sí es la margen derecha, está clarito”.

Ante el fracaso de la OEA para mediar entre las dos partes, Laura Chinchilla, mandataria de Costa Rica, acudió a la Corte Interamericana de La Haya, con el argumento de que el sistema de mapas de Google no era confiable.

ANÁLISIS
Dragando el orgullo
Orestes E. Díaz Rodríguez

Tanto Costa Rica como Nicaragua celebraron como un triunfo la disposición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que ambos países se abstengan de enviar o estacionar fuerzas militares  en la zona en conflicto, hasta que se determine la soberanía sobre ese territorio.

La decisión de la Corte es preventiva, no concede la razón a una u otra parte.  Se encamina a impedir que una escalada en el conflicto lo saque del marco estrictamente jurídico. La Corte ha aislado “la escena del crimen”. Faltan aún las investigaciones.

La festiva reacción del Gobierno costarricense se explica porque su mucha más hábil diplomacia consiguió desviar la atención del asunto principal. Ante los ojos de la opinión pública la desdibujada Nicaragua fue exhibida además como un país con intenciones agresoras, contra un Estado que carece de fuerzas armadas y es dirigido por una mujer. Por eso el escenario inicial de denuncia elegido por San José fue la OEA en lugar de La Haya. La exigencia de retiro de fuerzas militares vendría a darles la razón.

Sin embargo, la Corte rechazó los dos principales reclamos costarricenses, el verdadero asunto que los desvela. La Haya no exigió que Nicaragua paralice el dragado y tampoco aceptó como válidas las supuestas secuelas irreparables sobre el medio ambiente. San José no tiene nada que celebrar, salvo para ocultar que sus intereses principales quedaron lejos del punto premeditado.

Managua en cambio inmersa en un proceso de reelección, celebró que el dragado no fue interrumpido y que no se aceptara que los trabajos de limpieza dañan el ecosistema. Pero éste es un punto que no es objeto de duda siempre que las obras se realicen sobre territorio nicaragüense y sustentado en estudios de impacto ambiental.

El verdadero asunto aún no tiene respuesta. Trata sobre si la interpretación del Laudo Alexander hecha por el “Comandante cero” y sus asesores, que les llevó a dragar en un territorio de dos kilómetros cuadrados que Costa Rica reclama como propio, es legítima o simplemente cuando llegue el veredicto final Nicaragua perdería el litigio, los recursos destinados a la obra y también su debilitada credibilidad.

Mientras no exista un veredicto, uno u otro Gobierno, con fines de imagen o electorales, sólo estarían dragando su orgullo.

Mtro. Orestes E. Díaz Rodríguez / UDG
www.orestesenrique.wordpress.com