Arizona defiende legalidad de la Ley SB 1070

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA (02/NOV/2010).- El Gobierno de Arizona defendió la legalidad de la polémica legislación SB 1070 con el argumento de que la Administración federal ha sido “incapaz” o no ha estado dispuesta a resolver el problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, esto en el marco de la audiencia de la Novena Corte de Apelaciones de San Francisco.

El principal tema que abordó la instancia, ayer, fue decidir si mantienen o no el bloqueo de partes clave de la normativa que ordenó la jueza Susan Bolton, antes de su entrada en vigor, el 29 de julio, mientras continúa analizándose la constitucionalidad de la ley.

Ante un panel de tres magistrados de la referida Corte, dos de ellos hispanos, el abogado de Arizona, John Bouma, señaló que el Gobierno de Barack Obama ha sido incapaz de resolver el problema de migración, además sostuvo que el Estado padece problemas derivados del tráfico de drogas y de armas, así como del contrabando de inmigrantes.  
El abogado general de la nación, Edwin Kneedler, preguntó al panel de magistrados cuál sería la política migratoria de Estados Unidos, si se permite que cada uno de los estados aplique sus propias leyes de migración.

Kneedler también aludió a la preocupación del Gobierno federal por el eventual impacto negativo de la polémica norma en las comunidades locales, en relación por las libertades civiles y en el derecho de las personas a no ser sujetas a vigilancia.

El panel de magistrados mostró escepticismo a los argumentos de ambas partes, y sólo realizó preguntas que podrían abrir el camino a que partes de la ley entren en efecto, y analizará las próximas semanas, o probablemente durante meses, los argumentos orales que presentaron ambas partes.

Arizona puede llevar el caso ante el pleno de la Corte de Apelaciones, si pierde ante el panel de tres jueces.

El panel está constituido por los hispanos Richard Páez y Carlos Bea, y el anglosajón John Noonan.

El 29 de julio, Bolton ordenó congelar partes cruciales de la SB 1070, entre ellas la disposición que permitía a la Policía comprobar la condición migratoria de cualquier persona, si se tenía una “sospecha razonable” de que el sospechoso se encontraba en situación ilegal.

Con esta decisión, Bolton dio la razón al Departamento de Justicia, que junto a varias organizaciones de derechos civiles, había interpuesto una demanda a la ley, con el argumento que interfería con la política migratoria federal, pues la ley nacional es “preminente” sobre la de un Estado.

PERFILES

El panel de magistrados

Richard Antonio Páez

Nació el 5 de mayo de 1947, es un juez federal en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Es el segundo méxico-estadounidense en pertenecer al Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California. Paéz recibió su licenciatura en Artes de la Universidad Brighman Young en 1969. Asistió a la facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y se graduó en 1972. Fue confirmado por el Senado el 9 de marzo de 2000 por 59 votos a favor y 39 en contra. Cuatro años después, el entonces presidente William Clinton lo nombró juez federal en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

John Thomas Noonan

Es un alto funcionario de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, desde 1985, nombrado por el entonces presidente Ronald Reagan.

Nació el 24 de octubre de 1926 en Boston, Massachusetts. Se graduó de la Universidad de Harvard en 1946; en 1951 recibió su doctorado de la Universidad Católica de América.
Después de la carrera de leyes, Noonan trabajó como personal especial para el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 1954.

En 1966, se convirtió en profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame Law School.

Carlos Tiburcio Bea

Es un juez federal en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Fue nombrado a la Corte por el entonces presidente George W. Bush, en 2003.

Bea nació el 18 de abril de 1934 en España, emigró con su familia en 1939 a Cuba, luego se trasladó a Estados Unidos y se convirtió en ciudadano naturalizado en 1959. En 1956, estudió leyes en la Universidad de Stanford y recibió su doctorado en 1958. En 1990, se convirtió en juez de primera instancia en el Tribunal superior de San Francisco. Se desempeñó hasta su nombramiento en el Noveno Circuito en 2003. Fue nominado en 1991 para ser juez de distrito federal del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, por Bush.