Agraristas argentinos cancelan marcha para negociar

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Las principales organizaciones agropecuarias de Argentina anunciaron hoy la suspensión de la masiva marcha que iban a realizar en el Congreso el próximo martes para denunciar la falta de políticas del gobierno hacia el sector.  

Los dirigentes de los grupos agrarios explicaron que aprovecharán la semana próxima para reunirse con diputados de diversos partidos con el fin de negociar reformas legislativas que beneficien al sector luego de la crisis que se vivió entre marzo y julio de este año.  

El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, ratificó sus críticas al gobierno y denunció que la mesa de enlace que agrupa a las principales entidades agrarias no ha sido recibida por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, a pesar de las peticiones realizadas.  

Agregó que 'el gobierno no quiere reconocer que la crisis no se terminó en julio con la votación (en contra de un proyecto de ley de impuestos al agro) y que los anuncios que ha hecho desde entonces son sólo títulos que en nada ayudan a los productores'.  

La Federación había acordado realizar una marcha el martes al Congreso para presionar a la presidenta argentina Cristina Fernández, pero la víspera, en un encuentro con el resto de las organizaciones, se acordó negociar directamente con los diputados.  

La Sociedad Rural, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas consensuaron ya proyectos legislativos para beneficiar al sector lácteo y de carnes.  

Buzzi advirtió que, en caso de no recibir respuesta de los diputados, cada vez se irá terminando más la paciencia de los productores que enfrentan problemas por la sequía, los impuestos a las exportaciones y las condiciones en general del campo.  

La mesa de enlace agrupa a las organizaciones que en marzo pasado comenzaron una serie de paros y protestas que derivaron en el desabastecimiento de alimentos y provocaron una grave crisis política para el gobierno.  

El 17 de julio, las organizaciones le ganaron la batalla a la presidenta al lograr que el Senado rechazara la aplicación de retenciones (impuestos) móviles que Fernández había propuesto para la exportación de granos.  

Desde entonces la crispación social que había generado el debate aminoró pero en las últimas semanas se reactivó ante las exigencias de las corporaciones para que el gobierno presente y aplique un plan integral para el campo.