Esto es todo lo que tienes que saber sobre la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO

Elimina a los órganos reguladores como la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a la CFE. Es decir, se busca dar prioridad a las plantas de la CFE.

La CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas para elegir el precio más barato. Con las modificaciones a la ley, podría optar comprar la electricidad de cualquier planta o fuente, según el nivel de prioridad antes mencionado y sin hacer subastas, lo que puede afectar en la economía de los usuarios finales.

La iniciativa elimina la obligación de despachar primero la energía más barata. El proceso sería despachar primero a las hidroeléctricas; en segundo, a las demás centrales de la CFE; después a la energía eólica y solar de los particulares; y al final a las centrales de ciclo combinado (que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de privados.

En la actualidad, compañías privadas de México, Estados Unidos, Canadá y Europa son las mayores proveedoras de electricidad que luego venden al gobierno en subastas. La Cámara de Comercio de EU advirtió el mes pasado que la reforma representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Ese tratado de libre comercio prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas estatales.

Las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, así que las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las principales perdedoras de esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias.

Se cancelan los permisos de generación de energía, de manera que los generadores privados ahora sólo podrán vender su energía a la CFE y no a otro particular o empresa.

Los Certificados de Energía Limpia (CEL) se otorgarían a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas, o su fecha de entrada en operación. Es decir, ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que, si ya existía una vieja, ésta tendrá la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia.

La Corte no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la Ley. Sólo siete de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la LIE que consideran vulneran la libre competencia y dejan en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose a un voto de los ochos requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente.