Petrolera BP demanda a EU por veto a licitaciones

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (13/AGO/2013).- El gigante petrolero británico BP demandó a la agencia estadounidense de protección ambiental (EPA por sus siglas en inglés) por haberlo excluido de las licitaciones tras el derrame de crudo en el Golfo de México en 2010.

Según la demanda interpuesta el lunes, BP impuso el recurso en contra de las decisiones de la EPA del 28 de noviembre de 2012 y del 4 de enero y 1 de febrero de 2013, que vetaron la participación de la empresa en cualquier contrato federal.

"BP tiene una larga relación de negocios con el gobierno federal estadounidense. Es uno de los mayores empleadores e inversores privados del país" y "el principal productor de petróleo y gas en aguas profundas del Golfo de México en el marco de contratos comerciales federales", afirma el grupo en su demanda.

BP es también "uno de los principales suministradores de carburante del gobierno en territorio nacional y extranjero", apunta.

"Durante más de dos años y medio después del accidente (de la plataforma) Deepwater Horizon" que fue operada por BP y explotó y se hundió en abril de 2010 provocando la marea negra más grande del país, "el gobierno federal continuó comprando carburante a BP, y (...) estimó de forma repetida que BP era un suministrador gubernamental responsable".

BP demanda al tribunal juzgar la exclusión de la EPA como "punitiva, excesiva, arbitraria y caprichosa" y declararla "nula y vacía de sustancia". El grupo demanda también una indemnización "justa" y el reembolso de los gastos de los abogados.

A finales de noviembre, la EPA había explicado su decisión de excluir temporalmente a BP de los nuevos contratos federales por "la falta de integridad profesional de BP" en el momento de la explosión de la plataforma, situada a 80 kilómetros de Nueva Orleans.

BP había aceptado paralelamente en un acuerdo con las autoridades estadounidenses declararse "culpable" de la marea negra y pagar más de cuatro mil 500 millones de dólares de multa.

La exclusión de los contratos federales impiden especialmente obtener nuevas concesiones de exploración del gobierno en el golfo de México.