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Domingo, 19 de Agosto 2018

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Compromisos

Cinco ejes en donde los candidatos a gobernador deben dejar claras sus posiciones y propuestas

 

Por: Enrique Toussaint

Modelo de seguridad, corrupción, rendición de cuentas, movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, agua y  medio ambiente son los ejes que deben centrar las campañas políticas. PIXABAY

Modelo de seguridad, corrupción, rendición de cuentas, movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, agua y  medio ambiente son los ejes que deben centrar las campañas políticas. PIXABAY

Las campañas se han vuelto una guerra entre maquinarias de lodo. Ataques, contraste y mugre que vuela de un lado para otro. Una feroz competencia por mostrar al electorado que el de enfrente es más corrupto. Decía Michael Ignatieff que la política se había vuelto una batalla por el desprestigio. Y es cierto, las campañas más que emocionar o esperanzar, se tornan en momentos de hastío, hartazgo y cansancio, producto de la banalización política que han promovido las consultoras -que piensan que vender política es como publicitar un detergente-, de candidatos que son ideológicamente huecos o de ciudadanos que preferimos el show antes que el debate profundo y razonado sobre los principales problemas públicos.

Sin embargo, las campañas también pueden ser útiles para compartir diagnósticos y contrastar fórmulas para el cambio. El debate político de fondo no es aquél que se mueve en el cómodo espacio de los objetivos compartidos. Ahí, casi todos coincidimos: queremos mejores salarios, más seguridad, menos corrupción, menos impunidad, más rendición de cuentas, mejores servicios públicos, y un larguísimo etcétera. La discusión en una campaña tiene que llevarnos a los enfangados laberintos de los cómo. ¿Cómo dotarás de mayor seguridad a la ciudadanía? ¿Cómo disminuirás los niveles de corrupción? ¿Cómo harás para que existan mejores salarios? La política y el valor de las campañas encuentra en los medios, no en los fines. Aunque haya gente que opine lo contrario.

La campaña para elegir al nuevo gobernador de Jalisco, que despache en Casa Jalisco a partir del 5 de diciembre, comenzó formalmente el viernes pasado, aunque la mayoría de las actividades públicas y los mítines arrancarán hoy. Los candidatos son: Miguel Castro del PRI, Enrique Alfaro de MC, Miguel Ángel Martínez del PAN, Carlos Lomelí de Morena, Salvador Cosío del Partido Verde, Carlos Orozco del PRD y Martha Araiza del PANAL. Una elección fragmentada que posiblemente nos arrojará un Congreso local también fraccionado -le añadimos los independientes-. ¿A qué políticas públicas se deberían comprometer los candidatos, sin importar el partido político al que representan?

Primero, cambiar el modelo de seguridad. De fondo y no con retoques. Eso significa deshacer la actual Fiscalía y trascender a un modelo que dote de autonomía de entrada, ejercicio y salida al Ministerio Público. Supone reestructurar las policías y retomar la Secretaría de Seguridad Pública como brazo ejecutor. Y, sobre todo, un compromiso inaplazable: no apostar por políticos en áreas de seguridad. Politizar la gestión de la seguridad ha arrojado resultados catastróficos. De la misma forma, equilibrar el presupuesto que se gasta en Jalisco en seguridad -6 mil 606 millones de pesos- para apostar por estrategias de prevención del delito. Una propuesta clara, que reúna consensos técnicos y políticos, y que constituya una apuesta estatal para la próxima década.

Segundo, la corrupción: la segunda ola de reformas que consoliden el Sistema Estatal Anticorrupción. En paralelo con las reformas que doten de autonomía real a la Fiscalía General del Estado, un compromiso de empujar una modificación estructural de la forma en que opera el Poder Judicial en Jalisco. Un paquete de iniciativas que tengan como objetivo despartidizar y eliminar las ataduras fácticas que existen sobre jueces y magistrados, así como obligar a democratizar y profundizar la rendición de cuentas. No hay ninguna posibilidad de que el Sistema Anticorrupción funcione si el Poder Judicial sigue en las penumbras y gobernado desde Casa Jalisco. De la misma forma, el compromiso con la despolitización de la revisión de las cuentas públicas -un trecho se ha recorrido con la reforma del año pasado- y con la independencia del fiscal anticorrupción. Es una burla creer que una Fiscalía Anticorrupción puede funcionar adecuadamente con un presupuesto ridículo de 10 millones de pesos. Las prioridades deben expresarse en pesos y centavos, sino es pura demagogia.

Tercero, rendición de cuentas. La alternancia es sana en una democracia porque favorece los procesos de rendición de cuentas. La teoría clásica nos dice que, si un partido diferente al que gobierna gana las elecciones, hay mayores posibilidades de que sepamos si el gobernante que se va hizo las cosas bien o no. Sirve para abrir ventanas y visibilizar. Empero, en México muchas veces la política no funciona así. La cartelización de nuestro sistema de partidos elimina la rendición de cuentas y la sustituye por amnistías políticas. Una exigencia para quien llegue a Casa Jalisco sea del color que sea, es que tenga la voluntad de meterse a fondo y hacer una auditoría integral de la administración que recibe.

Cuarto, entender la inmovilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara no como un asunto de técnicos sentados en una oficina articulando el plan perfecto, sino como una batalla política. Los cimientos ya están: la obligación de transformar el modelo de autobuses a ruta-empresa, los proyectos de ciclovías, las rutas de tren ligero. Sin embargo, a Aristóteles Sandoval le sobraron técnicos, y le faltaron hombres y mujeres dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para transformar la movilidad de la ciudad. Se equivoca quien considera que la movilidad es un tema de científicos con batas blancas copiando las mejores prácticas de Bogotá, Barcelona o Helsinki. Es, ante todo, un problema político: intereses rentistas que han hecho negocios al amparo de las autoridades omisas y cómplices. La llevada y traída voluntad política es fundamental para transformar la movilidad en la ciudad.

Y cinco, el agua y el medio ambiente. Jalisco necesita tomar decisiones en materia de provisión de líquido, pero siempre respetando los derechos humanos. Las decisiones tienen que trascender al Zapotillo o al Purgatorio. Una política de agua pensada a 50 años, que suponga también disminuir las fugas, reestablecer el ciclo hidrológico, recuperar cauces, aumentar el precio -sobre todo a grandes consumidores- y reducir el consumo.

En Jalisco han pasado muchas cosas en los últimos tres años. La disputa por la agenda pública entre Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval ha provocado que legislaciones impensadas hasta hace poco tiempo, hoy sean realidad. Nombramientos que pensábamos monopolizados por los políticos, se han abierto a la participación de la sociedad civil y hoy tenemos un auditor más confiable, un fiscal anticorrupción que viene de la academia y el Sistema Anticorrupción más sólido del país. Sin embargo, estos avances son también producto de la presión social. La sociedad civil organizada dio un salto cualitativo en Jalisco, y se ha convertido en plataformas de propuestas que no solo critican, sino que también formulan iniciativas factibles. No importa quien llegue a Casa Jalisco, si queremos cambios y compromisos claros, el balón está en la cancha de la sociedad civil organizada. Lo vemos en la agenda anticorrupción, en las desapariciones o en la movilidad, la presión social ha conseguido que sean prioridades absolutas del Gobierno en turno.

DR

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