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Domingo, 22 de Abril 2018

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Certificación de profesiones: "La gran promesa"

La Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana nos da un panorama acerca de este importante tema en el área profesionista
 

Por: Dra. Yurixhi Gallardo

En 2016, Jalisco marcó la pauta a nivel nacional con la entrada en vigor de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales. EL INFORMADOR/ J. López

En 2016, Jalisco marcó la pauta a nivel nacional con la entrada en vigor de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales. EL INFORMADOR/ J. López

El primero de enero de 2016, Jalisco marcó la pauta a nivel nacional con la entrada en vigor de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, a la que me referiré como “la gran promesa”. Consecuencia de ello, profesionistas en las áreas de derecho, contaduría, ingeniería, arquitectura y salud tendrán que realizar actualización continua, decidir colegiarse o realizar el proceso de certificación ante la instancia gubernamental, presentar un examen que permita evidenciar que cuentan con las competencias profesionales requeridas, entre otras acciones. Todo ello, movido por la urgente necesidad de que quienes ostentamos un título, prestemos un mejor servicio. Y como fácilmente puede inferirse, la urgente necesidad ética de prestadores de servicios profesionales también fue motor de tan grandioso acto. Además, se contempla fortalecer a los colegios de profesionistas para que vigilen el ejercicio, medien controversias, impulsen la formación ética, entre otros.

No tengo la menor duda de que, “La gran promesa” ha evidenciado aciertos del gobierno estatal.  Entre ellos, el logro de consensos para aprobar una norma de tal naturaleza: lo que no ha sido posible a nivel federal, fue posible en nuestro Estado. Sumado a lo anterior, otro acierto del gobierno estatal fue escuchar a diversos actores involucrados en los procesos de certificación: participaron colegios de profesionistas, instituciones educativas, entre otros. Y así, “La gran promesa” ha ido sumando aciertos en el camino, otro más, la prudente decisión de ampliar el plazo hasta el 1 de septiembre de 2018 para el trámite de cédulas definitivas. Sin embargo, posterior al listado de aciertos hasta aquí descritos, el gobierno enfrenta ahora el peligro de hacer realidad lo que aquél dicho popular anuncia: “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”. Es decir, si el gobierno del Estado no cumple con los pendientes que aún se tienen en relación a la citada ley y que son: a) La expedición de los reglamentos; b) Instalación del Consejo Estatal de Actividades Profesionales y la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones del Estado de Jalisco. Sin ejecutar dichas acciones, de nada servirá que estemos ante una ley.

En busca de la credibilidad

En México, se ha asociado históricamente las promesas políticas a las campañas electorales. Ante la falta de cumplimiento de dichas promesas y el nulo crecimiento en la credibilidad política, los candidatos han tenido que acudir ante Notario Público a firmar sus compromisos o promesas hechas. Ejemplos tenemos ya en distintas latitudes del país. Trasladar esto a las leyes resultaría aberrante, las leyes no son promesas de campaña.  Una cosa es el discurso político y otra muy distinta es el orden jurídico.  Es erróneo e inadmisible para el Estado de Derecho tratar a las leyes como tales. La sola idea de pensar que los gobernantes tengan que acudir ante fedatario público a firmar que cumplirán con la ley, resulta irritante. Es llevar al extremo la desconfianza en las instituciones y en la posibilidad de que efectivamente cumplan con la aplicación del derecho. Es la confusión más absurda.  

Ante la pregunta ¿para qué sirven las leyes?, no cabe otra respuesta que para ser cumplidas. Una vez aclarado lo anterior, resulta entonces ofensivo para el país en las condiciones actuales en las que estamos que quiénes han gestado las normas decidan abandonarlas a su suerte.

Sí, eso es lo que podría pasar con “La gran promesa”. De igual forma que indigna la sola idea de que un recién nacido pudiera ser abandonado a su suerte, resulta indignante abandonar una ley a su suerte. Hacer eso, significaría matar al derecho. “La gran promesa” es una ley y merece tal tratamiento; merece vivir.

En un país democrático, cuando se ha sigue el proceso legislativo estipulado y se han superado las distintas etapas que éste contempla, no hay que permitir que las leyes se conviertan en un cadáver. Cualquier acierto que ha significado hasta el momento “La gran promesa”, puede venirse abajo, y qué se dirá entonces de Jalisco.

Nuestro Estado de Derecho es frágil, ante la gran oportunidad de fortalecerlo dejando vivir el marco jurídico que se ha gestado, hay que dejar que crezca, que madure y acompañarlo como sociedad. La cuenta regresiva está corriendo, espero que se cumpla con lo que se ha consensado, votado y publicado.

DR

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