A dos días de la ausencia de Rubén Rocha Moya en la gubernatura, persiste la incertidumbre sobre el rumbo de Sinaloa.En Culiacán, el panorama sigue marcado por calles semivacías, retenes militares y policiacos permanentes, negocios cerrados y una violencia que no cede.Mientras Yeraldine Bonilla Valverde rendía protesta como gobernadora interina el sábado, un conductor fue acribillado con nueve disparos en la zona del Pedregal del Humaya, a pocos kilómetros del Congreso estatal. Horas más tarde, ya con la nueva mandataria en funciones, se registró otro homicidio por ataque directo frente a un centro comercial sobre el bulevar Lola Beltrán.En su primer mensaje, Bonilla Valverde calificó como “falsas” y “dolosas” las acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya y expresó respaldo: “Confiamos en la inocencia del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya”.Desde la noche del viernes, el mandatario con licencia desapareció de la vida pública. Habitantes de Culiacán aseguran que permanece en su domicilio en Musalá Isla Bonita, resguardado por escoltas. En las inmediaciones, un espectacular con la frase “Culiacán quiere vivir en paz” sintetiza el reclamo social ante la violencia asociada a la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.En espacios públicos, algunos ciudadanos expresaron alivio por la salida temporal. Cecilia, trabajadora de un restaurante, fue directa: “Le sale más barato entregarse. Aquí estamos hartos de que no pasa nada”. Ricardo, vendedor ambulante, afirmó que existe rechazo generalizado: “La mayoría de la gente no lo quiere… los mismos soldados dicen que ya hubieran acabado, pero no ocurre por Rocha Moya”.El deterioro económico también es visible. Un comerciante del centro, que pidió anonimato, advirtió: “Todos los días son difíciles, por los cierres de negocios. No sabemos en qué iremos a parar”.Para Tomás Rodríguez, bolero con cinco décadas en el centro, la licencia responde a investigaciones federales: “Tiene que rendir cuentas a la procuraduría, al gobierno y al pueblo”. Considera que la violencia persistirá y la situación es difícil, sin un final cercano.Analistas locales señalan que la transición ocurre en un contexto de debilitamiento institucional y desconfianza ciudadana, donde las autoridades enfrentan presión para restablecer el orden y garantizar seguridad. También advierten que la coordinación entre fuerzas federales y estatales será clave para contener la escalada violenta, mientras la población exige resultados inmediatos y mayor transparencia en las investigaciones en curso.En este escenario, la administración interina deberá definir una ruta clara que recupere confianza pública y estabilidad social sostenida pronto. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no resuelve la posible intervención del crimen organizado en las elecciones.En un comunicado, señaló que las acusaciones formales en Estados Unidos contra el mandatario con licencia y nueve funcionarios por narcotráfico “confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional”.“Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema: ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un nuevo proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”, alertó.Romero destacó como uno de los puntos más graves la presunta intromisión del crimen organizado en la elección de 2021, donde, según la acusación estadounidense, el gobernador habría pactado con el Cártel de Sinaloa para mantenerse en el poder.Ante ello, urgió al Senado a evaluar la desaparición de poderes en la entidad como un mecanismo constitucional frente a “situaciones extraordinarias”. Afirmó que no es una medida extrema, sino necesaria.Finalmente, advirtió que México no puede permitir que quienes combaten al narcotráfico estén bajo sospecha de vínculos con él. CT
