La escena dura segundos, pero refleja un problema creciente. En Avenida Aviación, en Zapopan, un camión avanza hasta que un auto se le cruza de forma repentina. El choque es leve, pero suficiente. La conductora baja, reclama y acusa: todo está calculado. Es un “montachoques”, una modalidad de extorsión cada vez más común. El caso quedó grabado y circuló en redes, pero muchas víctimas solo enfrentan presión y miedo, sin pruebas.El episodio no es aislado. Es parte de una tendencia nacional que, pese a los operativos, reformas legales y detenciones, sigue al alza. En los primeros dos meses del año, se registraron mil 337 denuncias por extorsión en México, un promedio de 22 casos diarios.Las cifras confirman el repunte. Durante 2025 se acumularon 10 mil 505 denuncias, la cifra más alta en la historia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Detrás de los números hay historias como la del chofer en Zapopan, pero también comerciantes obligados a pagar cuotas o cobros de piso, estudiantes víctimas de secuestro virtual o familias enteras amenazadas por una llamada telefónica.Ante este panorama, el Gobierno federal ha buscado frenar la extorsión con una estrategia integral. En julio de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia y el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, en coordinación con estados para homologar leyes, fortalecer instituciones y combatir la impunidad.El plan se basa en cinco ejes: perseguir la extorsión de oficio, armonizar leyes, fortalecer el 089, crear unidades especializadas en Fiscalías y unificar los procesos de denuncia e investigación. Busca que ninguna víctima enfrente sola el delito ni dependa de denunciar para que haya acción.A estas acciones se sumó, en noviembre pasado, la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La reforma endurece las penas -de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden elevarlas hasta 42 años- y amplía el catálogo de conductas sancionables.Sin embargo, el delito sigue diversificándose. Las llamadas desde cárceles o centros clandestinos siguen siendo clave. El secuestro virtual afecta a jóvenes jaliscienses con llamadas tripartitas que simulan privaciones de la libertad. A la par, el cobro de piso mantiene bajo amenaza a comerciantes, transportistas y productores en estados como Michoacán, Veracruz, Guerrero y Nuevo León.En algunos casos, la negativa a pagar ha tenido consecuencias fatales. La extorsión ha dejado de ser solo un delito económico para convertirse en un mecanismo de control territorial por parte de grupos criminales.El problema no se limita al crimen organizado: también involucra a autoridades. Destaca el caso del exalcalde de Tequila, Diego “N”, detenido por presunta extorsión a empresarios y comerciantes. A esto se suma la captura de José Armando “N”, “Comandante Callejas”, líder de una célula delictiva en el Estado de México.Para especialistas como Francisco Jiménez y Rubén Ortega, el reto es enorme. Coinciden en que es necesario profundizar las investigaciones dentro de los centros penitenciarios y reforzar las estrategias preventivas en las calles. La extorsión en México dejó de ser un delito aislado para convertirse en una maquinaria constante de presión, miedo y desgaste económico. Desde llamadas telefónicas hasta el cobro sistemático de piso, su expansión obligó al Gobierno federal a articular una respuesta de alcance nacional. Hoy, esa estrategia comienza a tomar forma entre reformas legales, operativos y detenciones, aunque el desafío sigue siendo mayúsculo.En julio de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, con el objetivo de coordinar a los tres niveles de gobierno frente a uno de los delitos que más afectan a la sociedad. La premisa es cerrar espacios a la impunidad mediante reglas homologadas y una respuesta institucional más ágil.El acuerdo propone armonizar la legislación en las 32 entidades para evitar vacíos legales y consolidar unidades especializadas en las fiscalías estatales, con personal capacitado para investigar un delito que se adapta y evoluciona constantemente.Las modalidades son diversas: desde los “montachoques”, que simulan accidentes, hasta el secuestro virtual y llamadas intimidatorias desde penales o centros clandestinos. Sin embargo, el cobro de piso ha encendido las alarmas, sobre todo en sectores productivos.Un caso emblemático ocurrió en Michoacán, donde el líder limonero Bernardo Bravo fue asesinado tras denunciar cuotas impuestas por grupos criminales. El hecho evidenció la vulnerabilidad del sector agrícola y cómo la extorsión se infiltra en cadenas productivas clave, afectando también a aguacateros y otros actores del campo.La estrategia federal se basa en cinco ejes: persecución de oficio -sin necesidad de denuncia-, armonización legal, fortalecimiento del número 089 para denuncias anónimas, consolidación de unidades especializadas y creación de un manual nacional para estandarizar procesos de denuncia e investigación.A esto se suman avances legislativos. En noviembre, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que endurece penas y amplía agravantes. Establece castigos de 15 a 25 años de prisión, multas de 300 a 500 UMA y sanciones de hasta 42 años en casos agravados, como cuando las víctimas son menores, migrantes o en esquemas de cobro de piso.El combate también se ha trasladado a los centros penitenciarios. En diciembre, autoridades identificaron 12 reclusorios que concentran el 56% de las líneas usadas para extorsionar. Una tercera parte ya ha sido bloqueada, y se proyecta eliminar el uso de telefonía en penales federales y de la Ciudad de México para cortar esta fuente de operación.Las detenciones también reflejan avances. Destacan los casos del ex alcalde de Tequila, Diego “N”, y de José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, ex director policial presuntamente vinculado a redes de extorsión en el Estado de México. Ambos evidencian que la red delictiva atraviesa distintos niveles de poder.Pese a ello, la extorsión sigue siendo un delito de alta incidencia y baja denuncia, marcado por el miedo de las víctimas y la sofisticación criminal. El reto es desmantelar un delito que opera en las sombras, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la ley alcance a quienes han hecho de la amenaza un negocio rentable. Voces de expertos Rubén Ortega y Francisco Jiménez, académicos de la Universidad de GuadalajaraExpertos en materia de seguridad urgen a combatir el delito de extorsión en México, considerando que no ha funcionado la estrategia. En julio de 2025, el Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la puesta en marcha del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, estrategias conjuntas con los gobernadores para reforzar el combate a este delito y que implicó la homologación de la legislación federal en todos los estados y crear las áreas especializadas dentro de las Fiscalías.Pero tras ello, han ocurrido crímenes como el asesinato de Bernardo Bravo, en el estado de Michoacán, durante el mes de octubre. Por esa razón, Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que la situación “sigue igual”.“Donde se realiza el cobro de piso son células de la delincuencia organizada. Mientras no lleguen a realizarse detenciones, que se combata la impunidad, que haya sentenciados, no va a empezar a bajar”.El académico puso de ejemplo que una importante cantidad de las llamadas de extorsión provienen de las cárceles del país donde no debería haber comunicación. Sin embargo, a raíz de la puesta en marcha de las estrategias del gobierno Federal, siguen persistiendo los llamados call centers que, incluso, operan desde las cárceles del país.“Si desde adentro siguen operando para realizar para realizar las extorsiones telefónicas, los secuestros virtuales y todo este tipo de delitos, incluso los cobros de piso, pues no va a cambiar”. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, recordó que una importante cantidad de llamadas surgen de los centros penitenciarios del país: “El 56% de las llamadas de extorsión proviene las cárceles. Es muy grave porque ahí hay tecnología para inhibir que se puedan comunicar los presos al exterior. También operan los call center en cualquier colonia”.Otras modalidades que urgen a atender y desmantelar son el secuestro virtual a través de llamadas tripartitas, con afectaciones principalmente a estudiantes; amenazas de muerte, montachoques o el cobro de piso. Como parte del endurecimiento de la estrategia nacional contra la extorsión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que en el primer trimestre de 2026 quedará completamente bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. La medida busca cerrar una de las principales vías desde donde operan redes de extorsión.El funcionario explicó que esta acción forma parte de un paquete coordinado entre autoridades federales y locales para impedir llamadas de amenaza, engaño o cobro de piso desde las cárceles. “Para evitar que este delito se cometa desde los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, sostuvo.La decisión se sustenta en datos del número de denuncia anónima 089: 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las líneas utilizadas para extorsionar, lo que permitió focalizar los esfuerzos en puntos críticos.En el frente operativo, entre el 6 de julio y el 30 de noviembre se detuvo a 615 personas por su presunta participación en este delito en 22 estados. Además, el plan contempla inhibidores de señal, videovigilancia, sensores, escáneres y otras herramientas tecnológicas. En algunos penales, como Santa Martha Acatitla, ya se aplica el bloqueo total de servicios 3G y 4G.Hasta ahora, el 33% de las líneas detectadas han sido inhabilitadas en entidades como Tamaulipas y la Ciudad de México, con la meta de eliminar por completo la operación telefónica ilícita.García Harfuch adelantó que se reforzará la presencia en estados como Sinaloa y Michoacán. “La estrategia no solo busca contener el delito, sino recuperar la confianza ciudadana”, subrayó. Estrategia nacional contra la extorsión
