El secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de tres presidentes municipales del Estado de México y de Diego N, alcalde de Tequila, Jalisco, como resultado de la Operación Enjambre, una estrategia federal enfocada en combatir la corrupción y los vínculos entre autoridades y grupos delictivos.La Operación Enjambre fue presentada por primera vez en noviembre de 2024, un mes después del inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se trata de un esquema de coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, cuyo objetivo es identificar y llevar ante la justicia a presidentes municipales y otros servidores públicos relacionados con actividades ilícitas.En el operativo más reciente se confirmó la detención de Diego N, quien ocupa la alcaldía de Tequila desde octubre de 2024. La acción contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los alcaldes detenidos en el Estado de México.Inicialmente, la Operación Enjambre se enfocó en casos de corrupción dentro del Gobierno del Estado de México; sin embargo, la estrategia se ha extendido a otras Entidades. Hasta el 16 de enero se reportaban 60 servidores públicos detenidos, incluidos presidentes municipales y directores de seguridad, de los cuales 18 casos han derivado en sentencias condenatorias. Con las detenciones de ayer, la cifra total asciende a 67.GUÍAA mediados de diciembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, anunció el inicio del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, una estrategia conjunta con los gobiernos estatales para reforzar el combate a este delito en el país.La iniciativa se lanzó ante el incremento de la extorsión en México. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron 10 mil 450 casos, la cifra más alta desde 2019. El acuerdo plantea homologar la legislación federal en todas las Entidades y crear áreas especializadas dentro de las Fiscalías estatales.La estrategia contempla cinco ejes: perseguir la extorsión de oficio, armonizar los marcos legales, fortalecer el funcionamiento del número 089, consolidar unidades especializadas y establecer un manual nacional para unificar los procesos de denuncia, investigación y judicialización.Estas acciones se suman a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada en noviembre por el Congreso de la Unión, que establece penas de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden elevar la condena hasta 42 años.Desde el inicio de la estrategia se han registrado más de 102 mil llamadas de denuncia y la detención de más de 615 personas en 22 estados. Además, se identificaron centros penitenciarios desde donde se originan llamadas de extorsión, algunas de las cuales ya fueron bloqueadas.
