El caso Agronitrogenados regresó al centro del debate público tras capturar a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las autoridades federales la señalan por ocultar dinero de procedencia ilícita vinculado a su hermano, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta trama destapó la adquisición a sobreprecio de una planta industrial inservible, un millonario fraude que hoy mantiene bajo la lupa judicial a la familia del exfuncionario.El fraude comenzó en diciembre de 2013. Bajo la dirección de Emilio Lozoya, la paraestatal Pemex compró una planta de fertilizantes a la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo.De acuerdo con investigaciones documentadas por la página Contra la Corrupción, el complejo industrial estaba valuado originalmente en 58 millones de dólares, pero el gobierno federal terminó pagando la cifra de 257 millones de dólares por instalaciones consideradas chatarra.La Fiscalía General de la República (FGR), entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, sostuvo que esta transacción se consumó luego de que Alonso Ancira entregó un soborno estimado en 3.4 millones de dólares al entonces titular de la petrolera.La Fiscalía Especializada de Control Competencial acusa a la mujer de operar como prestanombres dentro de un esquema financiero para encubrir los actos de corrupción de su hermano.La orden de aprehensión de la causa penal 211/2019 se cumplimentó de manera sorpresiva por agentes federales en el AICM. El Poder Judicial de la Federación imputa a la detenida el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Las pesquisas ministeriales indican que ella recibió cinco transferencias millonarias provenientes de las cuentas de la compañía siderúrgica. El capital se movió mediante una firma suiza fachada denominada Tochos Holding Limited, cuyos derechos le cedió su propio hermano.La red de complicidades provocó que los involucrados huyeran a España, donde resultaron arrestados y extraditados. Alonso Ancira logró suspender su proceso penal al firmar un pacto compensatorio con la federación para restituir más de 200 millones de dólares por las afectaciones al erario.Por su parte, un juez de control del Reclusorio Norte dejó sin efectos los cargos de lavado de dinero contra el exdirector de la empresa pública. La resolución judicial determinó que el beneficio económico del convenio con el dueño de la siderúrgica también amparaba al exfuncionario.A pesar de librar temporalmente la sanción por la planta chatarra sin desembolsar dinero, la causa penal puede reactivarse si el empresario incumple los pagos acordados. Además, el exdirectivo continúa bajo arresto por las indagatorias correspondientes al caso Odebrecht.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF
