Fueron 139 los elementos no registrados de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, en el Estado de Puebla, los que la Fiscalía General trasladó al penal de Tepexi de Rodríguez para ser puestos a disposición de un Juez de Control. Son acusados por el delito de usurpación de funciones.Mientras los ex agentes y jefes policiacos de dicho municipio eran trasladados en camiones de la Secretaría de Seguridad Pública, sus familiares recibían las pertenencias de los detenidos afuera del edificio de la Fiscalía, donde montaban guardia para saber qué ocurriría con ellos.El comisario de Seguridad Pública, Miguel Ángel “N”, y el director de la corporación, Sinué “N”, son señalados por presuntamente cobrar entre tres mil y cinco mil pesos a sus subordinados para que éstos evadieran las pruebas de confianza y continuaran patrullando la localidad.El resto de los agentes será procesado por el delito de usurpación de funciones, que se derivó en las anomalías detectadas en su Clave Única de Identificación Policial (CUIP). Una vez puestos a disposición del juez de control, éste deberá decretar la legalización de la detención y escuchará la imputación de cargos que les haga la Fiscalía General del Estado.Se informó que la mayoría de las personas responderán por el delito de usurpación de funciones, en tanto que por abuso de autoridad y cohecho harán lo propio el comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, y el director de Seguridad Pública, quien presuntamente fungía como chofer de los mandos.El miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó el control de San Martín Texmelucan y desarmó a los 185 uniformados del municipio, quienes fueron investigados ante su posible participación en diversos delitos.La investigación inició derivado de un incremento en delitos de alto impacto, como homicidios y robo de combustible.La investigación que deparó en el desmantelamiento de la Policía de San Martín Texmelucan tuvo origen en la revisión a los indicadores de seguridad.La Fiscalía del Estado de Puebla revisó las cifras de delitos de alto impacto y, tras notar un incremento sustancial, solicitó apoyo del Ejército.
