La Ley de Propinas 2025, una modificación relevante a la Ley Federal del Trabajo (LFT), continúa su curso legislativo en el Congreso de la Unión. Esta iniciativa, ya avalada por la Cámara de Diputados y actualmente bajo revisión en el Senado, busca transformar de manera positiva las condiciones laborales de quienes laboran en sectores donde las propinas representan una parte significativa de sus ingresos, como camareros, personal de restaurantes, hoteles y cafeterías.Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la incorporación de una disposición que obliga a los empleadores a otorgar a sus trabajadores un sueldo base que no podrá estar por debajo del salario mínimo vigente. Para el año 2025, este monto ha sido establecido en 278.80 pesos diarios, lo que implica que ningún trabajador podrá recibir un salario inferior bajo el argumento de que obtiene ingresos por propinas. Hasta ahora, era común que estas gratificaciones sirvieran como excusa para ofrecer sueldos por debajo del umbral legal.Además, la reforma clarifica el estatus legal de las propinas dentro del ámbito laboral. Estas serán consideradas expresamente como una gratificación voluntaria y un incentivo por la calidad del servicio, no como una parte integrante del salario base. De esta forma, se elimina la ambigüedad legal que en el pasado daba lugar a múltiples conflictos entre empleadores y trabajadores.Otro punto clave abordado por la Ley de Propinas es la prohibición expresa a los empleadores de controlar, administrar o apropiarse de las propinas. La nueva regulación establece que únicamente los empleados que generan estas gratificaciones tienen derecho a recibirlas, garantizando así que el dinero llegue directamente a quienes lo merecen por su desempeño.Este cambio no solo dignifica el trabajo en el sector, sino que también permitirá que miles de empleados accedan a prestaciones formales como seguridad social, vacaciones remuneradas, aguinaldo y la posibilidad de obtener un crédito a través del Infonavit. Se trata de un paso importante hacia la regularización y reconocimiento de derechos laborales para un segmento históricamente desprotegido.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la entidad encargada de velar por la implementación de esta ley. Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo inspecciones, así como de aplicar sanciones a los patrones que no se apeguen a lo dispuesto en la normativa. Una vez aprobada por el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, los empleadores dispondrán de 180 días para actualizar sus contratos laborales y ajustar sus políticas internas conforme a los nuevos lineamientos legales.BB
