De acuerdo con la organización Death Penalty Information Center, 55 mexicanos esperan ser ejecutados en Estados Unidos, derivado de procesos penales en su contra.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) registró hasta el 30 de junio a 75 connacionales que enfrentan procesos penales que podrían resultar en esa sentencia.Mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EU, el Gobierno federal brindó atención a 195 y logró evitar la sentencia en 29, además de revertir la ejecución de un connacional.La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.Esta protección se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio, advierten académicos y abogados.A Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena, de 16 años.
