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Viernes, 18 de Octubre 2019

Amnistía y justicia

La Ley de Amnistía exige amplios consensos en el Legislativo

Por: Enrique Toussaint

En procesos judicial y políticos, la amnistía es la extinción, parcial o total, de las responsabilidades de un recluso. EL INFORMADOR / E. Victoria

En procesos judicial y políticos, la amnistía es la extinción, parcial o total, de las responsabilidades de un recluso. EL INFORMADOR / E. Victoria

La palabra “amnistía” proviene de la misma raíz etimológica que amnesia. Supone el olvido. Y, en procesos judicial y políticos, la amnistía es la extinción, parcial o total, de las responsabilidades de un recluso. La figura de la amnistía ha sido utilizada, en particular, en la resolución de conflictos políticos. América Latina es la región en donde más amnistías ha habido, ya sea por prolongados conflictos guerrilleros o dictaduras cruentas. Es un mecanismo de justicia transicional que permite el “olvido” de ciertos delitos asociados con una raíz política. El Salvador, Argentina, Uruguay, España, todos estas naciones tuvieron procesos de amnistía que permitieron superar el conflicto político.

México también tiene sus antecedentes: desde Benito Juárez que impulsó amnistías para defensores del imperio de Maximiliano de Habsburgo pasando por Lázaro Cárdenas o Luis Echeverría e incluso el ex presidente Salinas de Gortari para dejar sin vigencia algunos delitos asociados al alzamiento zapatista. Si nos fijamos en cada caso, la raíz de la amnistía es política. El argumento es que para avanzar y sanar las heridas en una sociedad dividida, es necesario abandonar la vía judicial y optar por un nuevo comienzo.

Andrés Manuel López Obrador propone una nueva Ley de Amnistía que contempla delitos asociados con la política (sedición, por ejemplo), pero no se queda ahí. La propuesta del Presidente es una amnistía a una serie de delitos: mujeres que abortaron; jóvenes consumidores de droga; indígenas que no contaron con traducción en sus juicios; venta de droga por pobreza o alta vulnerabilidad y robos simples sin violencia. Para acceder a esta amnistía, los presos deberán estar purgando su primera sentencia -no tener antecedentes previos- y no deben haber utilizado un arma de fuego en el ilícito. Es decir, no es una amnistía tradicional, porque contempla, en su mayoría, delitos que no tuvieron ninguna motivación política.

En esta lista de delitos a amnistiar, hay casos evidentes y es de elemental justicia que estas personas dejen la prisión. Por ejemplo, una mujer indígena que no obtuvo las garantías procesales en su lengua y, por ende, le fue negado el derecho a una defensa efectiva. Una mujer que decidió interrumpir un embarazo y, sabemos, que la Corte ya ha dicho que el aborto es plenamente constitucional. Un sembrador de Guerrero que sólo a través de la siembra de marihuana puede tener lo mínimo para vivir. Un joven que llega a la cárcel por consumir drogas y nunca le hizo daño a nadie. Todos estos son casos de sentido común. Las cárceles en México no tendrían que estar llenas de pobres, consumidores de droga, narcomenudistas, gente que robó una papitas o mujeres que deciden sobre su cuerpo. No obstante, no todo es tan sencillo.

Existen algunos delitos que tienen sus matices. El robo simple y sin violencia. ¿Cuáles robos serán amnistiados y cuáles no? ¿Esto no puede tomarse como un incentivo que propicie lo opuesto? O en el narcomenudeo, ¿quién podría ser amnistiado? ¿Un jefe de plaza que no ha matado y que no ha sido detenido, por ello no tiene antecedentes? El perdón es un instrumento que tiene el Estado, pero tiene que ser utilizado con bisturí y responsabilidad. Recordemos, detrás de muchos casos existen víctimas que tienen que ser escuchadas a cabalidad por parte de los legisladores.

Lo que resulta paradójico, y me lo hizo ver el abogado Jorge Torres, es cómo López Obrador manda mensajes contradictorios en materia de justicia penal. Por un lado, propone esta amplia Ley de Amnistía que podría favorecer a miles de presos en el país. Una propuesta que si se discute bien, se acota adecuadamente y se enmarca en la discusión sobre los derechos fundamentales, podría suponer una importante despresurización de las cárceles. Pero, por el otro lado, Morena impulsó en la Cámara de Diputados la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, a la cárcel mientras investiga el Ministerio Público. Recordemos que la prisión preventiva es la más extrema de las medidas cautelares que puede tomar un juez ya que implica privar de la libertad a un inocente (todos lo somos hasta que el juez determine lo contrario). ¿Cómo entendemos esta dualidad obradorista?

Está probado que la sobrepoblación carcelaria no hace a un país más seguro. Los datos no mienten. Estados Unidos y El Salvador son los países con más reos por cada 100 mil habitantes y, a pesar de ello, el primero es el país más violento del primer mundo -de los países ricos- mientras que el segundo es uno de los países más violentos del orbe. Por ejemplo, Francia tiene la mitad de reos que México (102 vs. 196) por cada 100 mil habitantes, y Alemania tiene una tasa de presos que es 10 veces menor que la de Estados Unidos (680 vs. 72). En México, nuestra mentalidad nos lleva a pensar que meter gente a la cárcel es sinónimo de combate a la impunidad y a la violencia, pero los países más avanzados nos demuestran que no hay una correlación directa.

La radiografía de las prisiones en México es devastadora. La Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad, elaborada por el INEGI, muestra un sistema carcelario proclive a encarcelar a pobres, que no pueden tener acceso a  buenos abogados, no sentenciados, personas que no tuvieron ni las mínimas garantías en su juicio, personas torturadas y un nivel altísimo de cooptaciones de los penales por parte del crimen organizado. Es realmente paradójico que creamos que esos pueden ser centros de reinserción social. Más bien, son realidades oscuras que preferimos no mirar, no ocuparnos de ellas.

La Fórmula Blackstone, piedra angular del debido proceso, estipula que siempre será mejor “dejar en libertad a un culpable que privar de ella a un inocente”. Por ello, la presunción de inocencia es columna vertebral del estado de derecho. En México, todas las deficiencias del proceso de impartición y procuración de justicia se subsanan con un sistema carcelario injusto y corrupto. Difiero que la propuesta de López Obrador sea una amnistía como tal, es en el mejor de los casos una rectificación del estado mexicano. Es cambiar el enfoque de la política criminal, y no ensañarse con quien también es víctima de la guerra contra el narcotráfico. Tener a un drogadicto en la cárcel no te sirve de nada, tendría que tener cabida en el sistema de salud. Tener a una mujer que abortó, tampoco. A cientos de sembradores pobres, menos. La ley de Amnistía tiene sentido en un país en donde centenares de miles de personas tienen alguna relación con el mercado de las drogas, pero la mayoría de ellos nunca le han hecho daño a nadie. Sin embargo, la letra chiquita será fundamental, escuchar a las víctimas y construir una ley robusta que señale a los verdaderos responsables de la ola de violencia que afecta al país desde 2007. Dice López Obrador que la quiere sacar en dos meses, la envió como preferente, pues las prisas podrían ser nocivas para una legislación que tiene sentido en un contexto como el mexicano.

Tapatío

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