Con menos del 50 por ciento de líneas telefónicas registradas hasta el 5 de junio pasado, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el académico y experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, aseguró que esta estrategia de combate a la extorsión del Gobierno federal, emprendida a inicios del año, es un fracaso. En su lugar, dijo, debe apostarse por combatir el delito en las cárceles del país, donde se realizan gran parte de las llamadas para extorsionar a la ciudadanía. El especialista explicó que los pocos registros, comparados con el número total de líneas telefónicas en México, responde a la desconfianza de la ciudadanía en el Gobierno. Señaló que la medida es un intento fallido, aunque espera que las autoridades den una prórroga para justificar el fracaso; recordó que se promovieron amparos con sustento en violaciones a la privacidad y derechos humanos. De acuerdo con cifras de la CRT, en México existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas; hasta el pasado 5 de junio 56 millones 797 mil 762 había sido vinculadas con la CURP del propietario, es decir, el 39.3 por ciento del total. La fecha límite para registrar la línea telefónica es el 30 de junio, de lo contrario quedará inhabilitada, con lo que no podrán realizar ni recibir llamadas. Tampoco podrán enviar mensajes de texto por SMS ni por aplicaciones de mensajería. "Un gobierno desacreditado, con un gobierno (de Estados Unidos) que está golpeando muy fuerte al Gobierno federal. Todo eso merma a la propuesta y creo que va directo al despeñadero, al fracaso total […]. Los mexicanos hemos tenido muy malas experiencias cuando se concentra la información en pocas manos, de quien sea, ya sea iniciativa privada o del gobierno", comentó. "Los ciudadanos están muy lastimados. Saben que sus datos personales pueden ir a parar a manos de criminales, delincuentes", añadió. Jiménez Reynoso mencionó que, como lo han reconocido autoridades de Jalisco, las llamadas de extorsión provienen de las cárceles. Si la llamada ocurre entre las 9:00 y las 20:00 horas, y es un número desconocido, lo mejor es no contestar, anotó. "¿Por qué no controlan las cárceles de México en vez de molestar a tantos ciudadanos? Como vemos, el ciudadano ya no confía en la autoridad […]. Hay una causa fundada y motivada por parte del ciudadano para desconfiar de registrar su línea telefónica". En noviembre pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó resultados de la estrategia contra la extorsión y detalló que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por este delito en el número 089. En los penales de Altamira y Matamoros, en Tamaulipas, y en el de Santa Marta Acatitla, en Ciudad de México, se bloquearon antenas de comunicación luego de detectar llamadas para extorsionar a la ciudadanía, indicó el funcionario durante una Mañanera del Pueblo. El experto recalcó en la necesidad de replantear la estrategia contra este delito y centrarlo en las cárceles del país. Las acciones, añadió, también deben contemplar la localización de call centers clandestinos. "Lo primero que tenía que hacerse es controlar, verdaderamente y no demagógicamente, las cárceles de México, de donde provienen el 90 por ciento de las llamadas de extorsión. Un preso llega a pagar hasta 20 mil pesos para operar o estar activo en una prisión para hacer llamadas de extorsión. Está desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y alguna pega, más de una. Paga hasta 20 mil para hacer esas llamadas", concluyó. NG
