Con la pinta de bicicletas blancas afuera de las oficinas de la Secretaría de Transporte (Setran), la instalación de una de ellas en un poste y un cartel con todas las víctimas, así como una rodada, el colectivo Bicicleta Blanca denunció que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han muerto 105 ciclistas atropellados en hechos relacionados con camiones del transporte público desde el año 2009. Exigen a las autoridades responsabilidad política y acciones para reducir la “violencia vial” que continúa cobrando vidas.El colectivo criticó que pese al aumento en la tarifa del transporte público –al pasar de 9.50 a 11 pesos por pasaje en abril pasado-, la situación es la misma e, incluso, muestra señales de persistencia: en lo que va del 2026 han fallecido ocho personas en hechos viales; cuatro de ellas estuvieron involucradas con el transporte público.“Esta situación no puede seguir siendo tratado como una suma de hechos aislados, sino como el resultado de una falla estructural del Estado de Jalisco para garantizar una movilidad segura para peatones, ciclistas y personas usuarias del espacio público […]. Esto es un problema que sigue sin ser resuelto con urgencia, seriedad y profundidad que merece. No basta con declaraciones, operativos temporales o medidas parciales. Se requieren cambios de fondo en la supervisión, la regulación, la operación y la rendición de cuentas del transporte público”, señalaron. El responsable de la falla institucional, asegura el colectivo, es el secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz. El 65 por ciento de las muertes han ocurrido mientras el funcionario ha estado en puestos a cargo del transporte público, pues ha ocupado durante los últimos 20 años cargos relacionados con su administración en Jalisco.Además, desde 2010 ha sido señalado de incapacidad institucional para reducir de forma efectiva los hechos fatales vinculados al transporte público. En 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la recomendación 32/2011, dirigida al funcionario, luego de considerar insuficientes las acciones emprendidas para disminuir los accidentes mortales; en 2022, el organismo emitió otra recomendación, la 11/2022, por deficiencias en la atención a una usuario lesionada en un hecho ocurrido dentro del transporte público, “evidenciando nuevamente fallas en la protección de derechos de las personas usuarias”. Ante este panorama, las exigencias de Bicicleta Blanca son reconocimiento público de la gravedad de esta crisis vial, destitución del cargo del secretario Monraz, supervisión rigurosa y permanente a rutas, unidades, empresas y operadores/as; transparencia total sobre hechos viales, víctimas, sanciones y medidas correctivas; atención integral, reparación y acompañamiento para víctimas y sus familias.También piden que el fondo de atención a víctimas del transporte público tenga recursos, ya que por el subsidio a la tarifa del transporte público se dejó en cero; y un rediseño de la política pública desde una perspectiva de seguridad vial, derechos humanos y protección de la vida. “Cada bicicleta blanca colocada en la ciudad representa una vida que no debió perderse. Cada muerte pudo y debió prevenirse. No estamos ante siniestros inevitables, sino ante una cadena de omisiones, decisiones insuficientes y falta de transformación profunda del sistema de transporte y de la política pública”, concluyó el colectivo. JM
