Hay leyes que nacen para ordenar la convivencia y otras que, bajo el lenguaje frío de los códigos personales, pretenden modificar el alma de un pueblo. La llamada Ley Calles, expedida en junio de 1926 y puesta en vigor al terminar julio de ese mismo año, perteneció a las segundas. No fue solamente una reglamentación de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. Fue también el instrumento de una batalla más profunda: la disputa por decidir quién tenía derecho a educar, orientar y gobernar la conciencia de los mexicanos.Plutarco Elías Calles justificó públicamente su política como un acto de legalidad. La Constitución estaba vigente, decía el Gobierno, y debía cumplirse. Los ministros religiosos no podían intervenir en política, las órdenes monásticas estaban prohibidas, la enseñanza debía ser laica y el culto tenía que quedar sometido a las disposiciones del poder civil. Desde esta perspectiva, Calles no se presentaba como perseguidor de una religión, sino como defensor del Estado frente a una institución que, a su juicio, se negaba a reconocer plenamente la soberanía nacional.Ese era el motivo manifiesto.Pero debajo de aquella explicación jurídica se movían corrientes más hondas. Porque Calles no fue un funcionario indiferente que simplemente desempolvó unos artículos constitucionales. Fue un hombre formado en una atmósfera anticlerical, heredero del liberalismo jacobino y convencido de que la Revolución no estaría completa mientras la Iglesia siguiera conservando una influencia decisiva sobre la educación, la familia y la vida moral del país.Su propia biografía ofrece algunas pistas, aunque deben considerarse con cautela. Nació en Guaymas, Sonora, como Francisco Plutarco Elías Campuzano, hijo de padres que no contrajeron matrimonio. Su padre estuvo ausente durante buena parte de su infancia y su madre murió cuando él era todavía pequeño. Fue criado por su tía y por Juan Bautista Calles, de quien tomó el apellido y quien le transmitió una visión laica, liberal y profundamente crítica de la Iglesia.Sería excesivo afirmar que la Ley Calles fue la venganza de un hijo ilegítimo contra la institución que había marcado su nacimiento con una etiqueta inmoral. No existe una confesión personal que permita demostrar algo semejante. Sin embargo, tampoco resulta absurdo pensar que aquella experiencia pudo dejar una huella e influir en sus percepciones. En una sociedad donde la legitimidad familiar todavía estaba fuertemente vinculada con el sacramento, negar la autoridad de la Iglesia podía significar también negar el tribunal simbólico que había colocado sobre su origen una sombra de exclusión e ilegitimidad parroquial.Su infancia no explica por sí sola una política de Estado, pero puede darnos el tono interior con que un hombre abraza una ideología. Calles parece haber encontrado en el laicismo no solamente una doctrina política, sino una forma de emancipación. Frente al mundo antiguo de los sacramentos, las jerarquías y las autoridades heredadas, imaginó un México nuevo: escolarizado, científico, sin fanatismos, disciplinado y gobernado por la razón. También se menciona, en algún documento, que un familiar de Calles fue abusado sexualmente por un presbítero, quien solo fue removido de ciudad sin castigo alguno. Lo que lo indignó mucho.Calles pertenecía a una generación revolucionaria que veía en la Iglesia a un último gran bastión del orden colonial. Para aquellos hombres, el sacerdote no era únicamente un guía espiritual. Era también el educador, el consejero familiar, el organizador de la comunidad y el intérprete de la vida y de la muerte. La Iglesia poseía una red territorial y económica que ningún poder político podía igualar y una autoridad moral que no dependía del presidente, del gobernador ni del ejército, sino de una jerarquía eclesiástica.La Revolución había tomado el Palacio Nacional, pero todavía no había conquistado el interior de los hogares católicos.El Estado podía controlar los tribunales, la burocracia, los ferrocarriles y las fuerzas armadas, pero no podía controlar completamente lo que una madre enseñaba a sus hijos, lo que un sacerdote decía desde el púlpito o lo que una comunidad celebraba alrededor de una imagen religiosa. Allí sobrevivía aún una soberanía distinta, silenciosa y profunda, que no terminaba en las fronteras mexicanas y que reconocía en Roma una autoridad superior a la del gobierno local y temporal.Calles interpretó esa autonomía como un peligro.Por ello, la ley de 1926 no se limitó a impedir que los sacerdotes ocuparan cargos políticos. Prohibió la enseñanza religiosa, restringió las publicaciones católicas, impidió las manifestaciones públicas del culto, proscribió las órdenes monásticas, sancionó el uso de vestimentas religiosas fuera de los templos y sometió el ejercicio sacerdotal, en especial a los extranjeros, al registro y vigilancia de las autoridades civiles. Y todo sujeto a penas, multas y castigos si no se cumplían.No era solamente una separación entre Iglesia y Estado. Era un muro levantado alrededor de la presencia social de la religión.El Gobierno parecía decirle a la Iglesia: puedes creer en privado, pero no educar; puedes rezar, pero no organizar; puedes celebrar dentro del templo, pero no aparecer en la plaza; puedes conservar tus símbolos, siempre y cuando no compitan con los símbolos de la Revolución.Este fue quizá el motivo oculto más importante: conquistar la hegemonía cultural. Calles no pretendía únicamente que la Iglesia obedeciera las leyes. Quería que dejara de ser una fuente independiente de influencia directa en la conciencia colectiva de los mexicanos. La Revolución debía convertirse en la nueva pedagogía nacional, en el relato que explicara el pasado, orientara el presente y formara al ciudadano del futuro.Años después, en 1934, Calles expresaría con frialdad esa aspiración cuando habló de la necesidad de entrar en el terreno de la educación y apoderarse de las conciencias de los niños y de los jóvenes. La frase no pertenece a 1926, pero ilumina retrospectivamente la lógica que ya estaba presente en su política religiosa. Para Calles, el campo decisivo no era únicamente el Congreso ni el cuartel. Era la conciencia infantil, donde podían sembrarse las lealtades del mañana para un México más moderno.De allí que la lucha contra la Iglesia fuera también una lucha por la escuela.El anticlericalismo callista no fue exactamente un ateísmo destinado a destruir toda forma de religión. El apoyo concedido en 1925 a la creación de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, separada de Roma y subordinada al orden nacional, revela algo distinto. El régimen podía tolerar una religiosidad domesticada, patriótica y políticamente obediente. Lo que no aceptaba era una Iglesia universal con autoridad propia, capaz de oponerse al gobierno y de movilizar a millones de creyentes. Y, sobre todo, gobernada desde Roma.El conflicto no era solamente entre fe e incredulidad. Era entre dos soberanías.Tampoco puede ignorarse la influencia del ambiente masónico, liberal y racionalista de aquella época. Calles estuvo cercano a círculos que veían en la masonería una escuela de ciudadanía laica y una barrera contra el poder clerical. Pero sería simplista convertir este elemento en una explicación conspirativa. Calles no promulgó su ley únicamente porque fuera masón o porque obedeciera a una organización secreta. Su anticlericalismo tenía raíces mucho más amplias: la Reforma liberal, la Constitución de 1917, el nacionalismo revolucionario, el positivismo y la necesidad de consolidar un Estado todavía frágil. Que aún respondía a las leyes de reforma, el juarismo y el pensamiento de Lerdo de Tejada.México seguía siendo un país de caudillos, rebeliones militares y poderes regionales. El Gobierno necesitaba eliminar o someter cualquier autoridad que pudiera competir contra él. Y la Iglesia, aunque no poseía un ejército, tenía algo quizá más poderoso: la capacidad de movilizar conciencias.Calles quiso resolver esa competencia por medio de la fuerza de la ley.Su temperamento también desempeñó un papel decisivo. Los testimonios lo describen como un hombre reservado, tenaz, disciplinado y poco inclinado a retroceder. Mientras Álvaro Obregón había mostrado mayor pragmatismo en la aplicación de los artículos anticlericales, Calles eligió la rigidez. No creó todas las causas del conflicto, pero cerró muchas de las puertas por donde todavía podía haber entrado la negociación.La jerarquía católica también endureció sus posiciones. Hubo declaraciones contra la Constitución, organizaciones de resistencia, boicots económicos y, finalmente, la suspensión del culto público. Sin embargo, la responsabilidad no fue simétrica. El Gobierno poseía las cárceles, las armas, los tribunales y la facultad de expulsar, clausurar y ejecutar. La Iglesia podía protestar y movilizar; el Estado podía convertir la intolerancia en maquinaria punitiva y administrativa.El gran error de Calles fue confundir la religiosidad popular con una simple manipulación del clero. Pensó que cerrando escuelas, reduciendo sacerdotes y vigilando templos podría debilitar rápidamente la fe. No comprendió que el catolicismo mexicano no vivía solamente en los obispos ni en las sacristías. Habitaba en las cocinas, los cementerios, las fiestas patronales, las promesas familiares, las campanas y las imágenes heredadas de los abuelos.La Iglesia era una institución, pero también era un mundo lleno de tradiciones y piedad popular.Cuando el Gobierno tocó ese mundo, muchos campesinos no sintieron que se estuviera aplicando una ley. Sintieron que se profanaba el centro mismo de su existencia. Allí comenzó la tragedia. El Estado vio fanatismo donde solo había pertenencia y fe; vio la ignorancia donde había memoria y tradiciones; vio una estructura política donde millones de personas reconocían una presencia sagrada.Calles creyó estar liberando a México de sus fantasmas. Imaginó que la modernidad podía abrirse paso arrancando las viejas raíces de la colonia. Pero las raíces no desaparecieron. Se aferraron con más fuerza a la tierra, se convirtieron en resistencia y terminaron alimentando una sangrienta batalla.Su motivación más profunda quizá no fue el odio personal contra el Dios cristiano ni el simple deseo de perseguir sacerdotes. Fue algo más inquietante: la convicción de que el Estado tenía derecho a liberar al pueblo de sus propias creencias y fanatismo, incluso contra la voluntad del mismo pueblo.La Ley Calles quiso separar a la Iglesia del Estado, pero terminó intentando separar al mexicano de una parte vital de sí mismo.Y cuando un Gobierno pretende gobernar no solamente los actos, sino también el misterio de la fe y la conciencia, la ley deja de ser un puente de convivencia y comienza a convertirse en una frontera que desata una guerra.LA REACCION DE LA IGLESIA NO SE HIZO ESPERAR.La entrevista tuvo lugar el sábado 21 de agosto de 1926, aproximadamente a las once de la mañana, en una sala del Castillo de Chapultepec. Duró cerca de hora y media.Participaron directamente:Plutarco Elías Calles, presidente de México.Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia -entonces llamado también arzobispo de Michoacán-.Pascual Díaz y Barreto, obispo de Tabasco y secretario del Comité Episcopal.Un taquígrafo de la presidencia, cuyo nombre no aparece, encargado de registrar íntegramente la conversación.La entrevista había sido gestionada por el abogado Eduardo Mestre, amigo y enlace entre los prelados y el presidente; sin embargo, según el testimonio personal de Ruiz y Flores, Mestre no estuvo presente dentro de la sala durante la conversación. Llegó posteriormente para comunicarles que Calles les pedía no hacer declaraciones a la prensa.Fue al finalizar aquel encuentro cuando Calles pronunció la frase decisiva:“No les queda a ustedes más recurso que el de las Cámaras o las armas”.Pascual Díaz respondió que la Iglesia no recurriría a las armas y que buscaba un acuerdo fundado en la justicia y la concordia. Aquella entrevista fue, en realidad, una de las últimas puertas abiertas antes de que el conflicto religioso descendiera hacia el territorio doloroso de la guerra.En el próximo artículo veremos más a fondo este memorial y analizaremos a detalle su contenido. Además, en ese mismo año, los seglares católicos mexicanos enviaron nuevamente por la vía legal y presentaron ante el Congreso diversos memoriales para solicitar la reforma de las disposiciones constitucionales que limitaban la libertad de conciencia y el ejercicio religioso. La petición, apoyada en argumentos jurídicos y en un estudio de legislación comparada, denunciaba el carácter radicalmente intolerante y jacobino de la Constitución de 1917 en materia religiosa. El memorial recibió miles de adhesiones de católicos y no católicos de toda la República, lo que evidenció que el descontento ante la política anticlerical no era marginal, sino un movimiento nacional que, antes de recurrir a las armas, intentó encontrar una salida institucional, pacífica y civilizada.
