El pasado 9 de mayo, dos policías de Guadalajara fueron captados en video mientras privaban de la libertad a un automovilista en la colonia Americana. Las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, muestran cómo los oficiales interceptan al hombre, lo someten y lo suben a la parte trasera de su propio vehículo, sin que existiera registro oficial de la detención. Tras conocerse el caso, ambos elementos fueron separados de sus funciones por abuso de autoridad.No es un caso aislado. El año pasado, la Fiscalía de Jalisco reportó un incremento en las carpetas de investigación contra policías municipales y estatales por el delito de abuso de autoridad, en comparación con 2024, de acuerdo con información obtenida por Transparencia.Las corporaciones municipales que acumularon el mayor número de indagatorias fueron Guadalajara, con 108 expedientes, y Zapopan, con 104. Son las cifras más altas desde 2019.Los abusos más denunciados contra policías incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, extorsiones, amenazas, revisiones ilegales, robo de pertenencias, fabricación de delitos o alteración de pruebas, así como actos de discriminación y abuso verbal.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también reportó un aumento en las investigaciones relacionadas con el abuso de autoridad de policías. No obstante, la dependencia reconoció que desde 2019 a la fecha únicamente se ha obtenido una sentencia contra policías municipales por este ilícito.Especialistas en seguridad consultados coincidieron en que el incremento de estos casos refleja las deficiencias estructurales en la formación y supervisión de los cuerpos policiales.José Andrés Colomo Guajardo, académico de la Universidad Panamericana, calificó los sistemas de control interno para prevenir la corrupción y los abusos policiales como “obsoletos, arcaicos, alejados de la gobernanza contemporánea y opacos”. Además, sostuvo que los casos recurrentes evidencian una responsabilidad institucional, porque los mecanismos preventivos no funcionan adecuadamente.Por su parte, Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, señaló que la falta de sanciones efectivas dentro de las corporaciones favorece la impunidad. A su juicio, la ausencia de consecuencias claras para los elementos que incurren en irregularidades favorece la repetición de conductas abusivas.Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad del Estado aseguró que durante la actual administración se han implementado nuevos mecanismos de supervisión del actuar policial, y programas de capacitación en derechos humanos. La dependencia informó que entre enero de 2025 y el 15 de mayo pasado fueron separados de sus cargos 29 elementos y dos policías viales.En el ámbito municipal, la Comisaría de Guadalajara argumentó que concentra el mayor número de investigaciones debido a que es la corporación que atiende más servicios en la ciudad. La dependencia reportó la aplicación de 75 sanciones administrativas y el cese de cinco policías.Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que la elevada carga de trabajo no puede utilizarse como justificación para brindar un servicio deficiente. Señaló que el uso de la fuerza debe apegarse a criterios de proporcionalidad y estar sustentado en protocolos claros, evitando que quede sujeto exclusivamente al criterio individual de cada agente.LA VOZ DEL EXPERTOFrancisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. José Andrés Colomo Guajardo, académico de la Universidad Panamericana Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de GuadalajaraEspecialistas en seguridad pública coincidieron en que los casos de abuso de autoridad cometidos por integrantes de corporaciones policiacas suelen estar relacionados con deficiencias en la capacitación, la supervisión y los mecanismos de control institucional.Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que es indispensable fortalecer la formación de los elementos y corregir de manera preventiva conductas que puedan derivar en excesos durante el ejercicio de sus funciones.Consideró que algunas corporaciones han relajado sus procesos de capacitación y actualización, situación que impacta directamente en el desempeño de los oficiales y en su relación con la ciudadanía.Por su parte, José Andrés Colomo Guajardo, académico de la Universidad Panamericana, sostuvo que los mecanismos de supervisión interna para prevenir actos de corrupción y abuso policial resultan insuficientes frente a los desafíos actuales.A su juicio, muchos de estos sistemas son obsoletos y poco transparentes, lo que limita su capacidad para detectar y corregir conductas indebidas.Además, subrayó que estos casos no deben analizarse únicamente desde la responsabilidad individual de los agentes involucrados, sino también desde la perspectiva institucional.En tanto, Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, cuestionó la falta de sanciones efectivas dentro de algunas corporaciones, situación que favorece la impunidad y la repetición de prácticas indebidas.Añadió que los mandos policiales deben asumir un papel más activo en la supervisión de sus elementos y fortalecer los modelos de proximidad social para mejorar la confianza ciudadana.
