El Congreso del Estado esperará a que se defina la situación jurídica del nombramiento del primer Fiscal Anticorrupción, antes de solicitar que se apliquen las pruebas de control y confianza a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Monraz Ibarra, recordó que el pasado 24 de diciembre sólo se votó el nombramiento pero se decidió no declarar electo al zar anticorrupción para evitar violar la suspensión emitida por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa que frenó el proceso. El legislador calculó que superado el asunto jurídico y tras la presentación de los exámenes, podría ser hacia mediados de febrero cuando De la Cruz Tovar asuma funciones.El diputado panista llamó a Gabriel Valencia, aspirante a Fiscal que promovió amparo, a que se desista del recurso para evitar que por cuestiones jurídicas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción siga acéfala.“Si el once de enero se le niega la suspensión definitiva a Gabriel Valencia el Congreso podrá declarar electo a Gerardo Ignacio de la Cruz y poder solicitar los exámenes de control y confianza, para ya poder continuar con el proceso del Fiscal Anticorrupción y esperemos también ya lanzar la convocatoria para elegir al tercer magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa”, comentó.Los diputados también tienen pendiente nombrar a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, Monraz Ibarra dijo que en la primera sesión del pleno de este año esperan aprobar la convocatoria para iniciar con ese proceso, antes tendrán que designar a un nuevo presidente de la Comisión legislativa de Justicia que ocupaba el diputado Saúl Galindo Plazola, asesinado en diciembre pasado.Aunque los nombramientos de Contralores internos aprobados por el Congreso terminaron judicializados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Monraz, sostuvo que deben asumir sus funciones, a excepción del Tribunal Electoral del estado que obtuvo una suspensión. El legislador panista argumentó que la controversia constitucional que interpuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), no impide que Jesús Pedro Brizuela Villegas asuma las funciones como titular del órgano interno de control, pues no hay una suspensión que lo imposibilite. La designación de contralor del Instituto de Transparencia también se impugnó.SABER MÁSComo parte del Sistema Anticorrupción del Estado, el Congreso nombró el pasado 15 de diciembre a Martha Patricia Armenta de León, Jesús Pedro Brizuela Villegas, Manuel Rodríguez Murillo y a Jesús Jiménez Cazares; como contralores internos del Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa. Antes de que se aprobara la designación el Tribunal Electoral obtuvo una suspensión que impide al contralor nombrado asumir el cargo.LS
