Las modificaciones al Código Penal estatal hechas para sancionar las malas prácticas de abogados que simulen actos jurídicos o pruebas para obtener una sentencia favorable, se han quedado en el papel y a tres años de su entrada en vigor ninguna persona ha sido sancionada.En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que desde 2016 hasta el primer semestre de este año se abrieron 172 averiguaciones previas por ese ilícito. Indicó que seis personas fueron consignadas, pero no se registró ninguna sentencia condenatoria.Los ajustes al Código Penal local se promovieron luego de las denuncias hechas en 2013 contra un grupo de abogados a los que se acusó de recurrir a prácticas irregulares para obtener sentencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los llamados “talibanes” encabezaron casos donde reclamaron pagos millonarios a dependencias como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).A cinco años de distancia, los litigios siguen en proceso. Se solicitó entrevista al SIAPA para conocer el estado del proceso, pero descartaron fijar postura porque los casos no están concluidos.Victor Hernández Escobedo, representante de la comunidad de Abogados Independientes, apuntó que las reformas no son efectivas básicamente porque el delito no se denuncia, aunque las malas prácticas se siguen presentando.“Muchas veces quien incurre en esa conducta lo hace con la complicidad de algunas autoridades y eso desanima que ese delito se denuncie y se persiga para llegar a las últimas consecuencias, que es sancionar al responsable. El grado de impunidad que esto genera hace que la gente se desista de continuar con el trámite de denuncias”, explicó el abogado.Tampoco los sancionan por fraude procesalTampoco por el delito de fraude procesal ha llegado la sanción contra abogados “talibanes” que cometen irregularidades. La FGE informó que por este ilícito iniciaron 43 carpetas de investigación en los últimos dos años. Indicó que fueron consignadas tres personas, pero en ningún caso se emitió sentencia condenatoria.Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sostuvo que dejan mucho que desear los resultados en la aplicación de las reformas promovidas para inhibir los excesos de algunos abogados.
