El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas remitió al Congreso de Jalisco sus alegatos de defensa dentro del proceso de desafuero iniciado en su contra. El diputado Julio Hurtado Luna, presidente de la Comisión de Responsabilidades, informó que, horas antes de que venciera el plazo de cinco días hábiles, recibieron la información la cual analizarán junto con los expedientes remitidos por la Fiscalía del Estado que pidió retirar la inmunidad jurídica al juzgador que es investigado tras ser denunciado por el presunto abuso de una menor de edad.“En estos alegatos él nos hace llegar todo lo que considera conveniente y necesario, su derecho es aportar todo lo que sea a su juicio un mecanismo de acreditar su defensa y eso es lo que estaremos valorando en los próximos días”, comentó.Hurtado Luna explicó que no pueden hacer públicos los argumentos presentados por el magistrado para respetar el debido proceso.Respecto la posibilidad de que el juzgador haya solicitado amparo que detenga el proceso en su contra, el legislador panista refirió que no han sido notificados de ninguna medida de este tipo y por lo tanto seguirán con el trámite del tema. La Comisión tiene treinta días hábiles para revisar la información y elaborar un dictamen sobre la procedencia o no del desafuero.“El procedimiento va marchando correctamente de acuerdo con los tiempos y a las etapas que hay; en este momento la Comisión ya cuenta con los elementos necesarios para entrar en el análisis, en el estudio de la información que nos dio la Fiscalía y la información que el funcionario nos ha hecho llegar, para con esto poder avanzar el proyecto de dictamen respecto a la procedencia o no del desafuero”, argumentó.El diputado manifestó su desacuerdo con las posturas de otros legisladores y legisladoras que dijo han metido presión mediática al asunto, sostuvo que la Comisión actúa apegada a lo que marca la ley para respetar el proceso y las garantías de las partes involucradas.El magistrado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, presentó una inconformidad contra la determinación del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de separarlo temporalmente del cargo y retenerle 70% de su salario durante el tiempo que dure el proceso administrativo que abrió en su contra. La petición de amparo fue rechazada en primera instancia, en diciembre pasado, por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa; el magistrado recurrió al recurso de queja que está en revisión en el Cuarto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito.Según lo referido en la Ley de Responsabilidades, una eventual declaratoria del Congreso a favor del desafuero no prejuzga sobre el fondo de la denuncia de la investigación y no debe tener trascendencia jurídica en el proceso penal. En caso de que la Comisión de Responsabilidades lo determine procedente, la declaratoria de desafuero debe ser aprobada en sesión del Pleno del Congreso por mayoría absoluta de votos, a excepción de los cinco integrantes de la Comisión. En ese supuesto, el servidor público señalado quedará inmediatamente separado del cargo y a jurisdicción de las autoridades correspondientes.JM
