El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción señaló, en la presentación de su quinto informe en Casa ITESO Clavigero, que se ha detectado, en Jalisco y a nivel federal, que "aproximadamente dos terceras partes de los servidores públicos que tienen cargos directivos no son reclutados conforme al perfil requerido, ni son evaluados mediante exámenes formales de ingreso", comentó Paul Alcántar, integrante del colectivo Tómala. Ante esto, el activista acentúo que si el combate a la corrupción es de interés de los tres niveles de gobierno y de los organismos autónomos, parte del Sistema Estatal Anticorrupción, "se debe transitar hacia la Ley de Designaciones Públicas que corrija de fondo esta situación", comentó. También recordó que es corrupción la asignación de puestos públicos por compromisos con amigos, para pagar favores políticos y cubrir cuotas de partidos. En el semáforo de observaciones que hizo la organización, el punto de la implementación y gestión de la Ley de Designaciones Públicas continúa en rojo, es decir, que no se ha cumplido.El Observatorio concluyó sobre este tema que es necesaria una designación de puestos públicos con "mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos".Otra de las exigencias del observatorio, al Congreso del Estado, es que se revise y armonice el Título VII del Código Penal del Estado de Jalisco; para que la Fiscalía especializada en corrupción atienda únicamente estos asuntos y "no se vea sobrecargada con temas, delitos o asuntos que no le corresponden, pero sí dilatan su labor", agregó Salvador Mancera, miembro del observatorio. El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción también señaló, en la presentación del informe, que es necesario fortalecer los órganos internos de control de las dependencias del ejecutivo estatal y de los municipios de Jalisco.De acuerdo con el documento, de las 28 dependencias del ejecutivo estatal, sólo el 46% cuenta con un órgano interno de control y de estos, la mayoría no cuenta con presupuesto suficiente. A pesar de que se puntualizó en el avance "jurídico" en este tema, con la reforma que se realizó el pasado diciembre a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Cecilia Díaz Romo, representante del colectivo Tómala, agregó que "un alto porcentaje de quienes laboran en los órganos internos de control han sido contratados sin tomar en cuenta las competencias y preparaciones necesarias para desempeñar sus puestos". Además, en el informe se señaló que este avance no abarcó lo necesario para que estos organismos tuvieran un buen funcionamiento; pues la mayoría de las dependencias y entidades públicas no cuentan con un organismo interno de control y los que ya existen, no cuentan con presupuesto suficiente para operar "con un mínimo de eficiencia y grado de autonomía". GC
