En febrero de 2017, Alondra Guadalupe recibió una orden de protección por parte del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía del Estado. Esto luego de acudir a denunciar las agresiones por parte de su entonces pareja sentimental; sin embargo, un mes después fue encontrada muerta en la casa donde vivía con él, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga.Nancy, la madre de Alondra, recordó que la orden había quedado a cargo del municipio, pero el Ayuntamiento “nunca dio seguimiento” a ese mandato para protegerla. Alondra dejó huérfanos a sus dos hijos: uno de un año y una más que sólo tenía 10 días de haber nacido.La joven madre fue asesinada durante la madrugada del 10 de marzo y su expareja, Giovani “N”, el principal sospechoso, quien huyó. Desde entonces Nancy ha exigido justicia a las autoridades, pero éstas no sólo no informan el avance de la investigación, sino que le preguntan a ella qué es lo que sabe del caso.“Se han acercado a mí sólo cuando yo platico con algún medio. Es cuando me buscan, pero no me dan avances. Nada más me vuelven a repetir lo que yo ya sé y me vuelven a presionar y preguntar si yo no sé algo, si yo ya investigué, si ya supe algo. Me hacen sentirme como la investigadora cuando es trabajo de ellos, ellos son quienes tienen que hacer eso”.Y de hecho, es Nancy quien tiene más datos respecto a la ubicación del presunto feminicida de su hija, pues mientras la Fiscalía le aseguró que su búsqueda estaba concentrada en centros de rehabilitación donde podría estar internado, ella ha señalado que él se encuentra en Tlajomulco, bajo la protección de sus padres.En octubre de 2017, cuando el caso se viralizó en medios y redes sociales, el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer, prometió que ayudaría a Nancy y que le garantizaría la custodia de los dos hijos de Alondra e incluso la contactó con un abogado de su confianza, pero al salir para contender por la alcaldía de Guadalajara, Nancy dejó de recibir el apoyo y el abogado “desapareció”.Por su parte, el fiscal Raúl Sánchez, escribió en redes sociales que habían atendido a Alondra y a representantes de Cladem y Amnistía Internacional. “Dialogamos sobre el caso y acordamos mantener una constante comunicación”.El Estado de Jalisco ha fallado en la protección de mujeres que denuncian casos de violencia y que, a pesar de contar con una orden de protección, son asesinadas sin que se resuelvan los crímenes, afirmó Tania Reneaum, directora ejecutiva del organismo defensor de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) en México.Recordó que Jalisco ocupa el tercer lugar a escala nacional en violencia contra las mujeres y el puesto 11 en feminicidios, con 11 asesinatos de mujeres al mes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su opinión, en cualquier parte del mundo esas cifras podrían ser “un escándalo”.“Estos 11 feminicidios al mes sólo son sostenibles y explicables porque el Estado no está actuando de manera diligente y porque hay una enorme cifra de impunidad detrás. Pareciera que matar a una mujer no tiene ninguna consecuencia”, dijo la activista.Para Reneaum, la emisión de una “alerta de género” funciona siempre y cuando exista una coordinación entre las autoridades involucradas en la protección de las mujeres en riesgo, condición que Amnistía Internacional no advierte en Jalisco.¿Qué es una orden de protección? Un documento que da la autoridad cuando una persona está en riesgo, y que se considera urgente. Obliga a las autoridades a ofrecer protección específica a la denunciante. El documento cuenta con el domicilio y los días que se solicitó de resguardo.Omisiones detectadas por ClademMaría Camarena no sabe dónde está Lucero. Perdió contacto con ella desde el 6 de junio de 2016 y, dos años después, las autoridades no le han dado pista alguna sobre el paradero de su hija.Ella aprovechó la presentación de la campaña para visibilizar el caso de Alondra a nivel internacional, a fin de que el de Lucero también se mediatice. Porque “las autoridades saben quiénes son los responsables”.Don Jesús también pidió un espacio al micrófono; su hija fue asesinada el pasado 19 de julio. Recuerda que, ese jueves, la pareja sentimental de ella le marcó al teléfono para decirle que se habían peleado y su hija se había ido de la casa.“Como ellos tenían problemas, yo dije: ‘Al rato va a regresar’. Al día siguiente me hicieron una llamada: la habían golpeado y la tenía que ir a identificar”.*Corte enero-junioFuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).¿Qué dice el Código Penal?El delito de feminicidio se tipifica cuando una mujer es asesinada por cuestiones de género, y a nivel federal se castiga con una pena de 40 a 60 años de prisión, en tanto que el Código Penal estatal establece de 25 a 45 años. Para los funcionarios públicos que de alguna manera retarden o entorpezcan “maliciosamente” la administración de justicia en estos casos, se impondrán penas de tres a ocho años, además de que se les inhabilitará para desempeñar cargos públicos.
