La Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado avaló la reforma para aplicar la inhabilitación definitiva a los servidores públicos que sean sentenciados por delitos de corrupción. El dictamen se modificó para precisar que la sanción mínima será de 30 años y como máxima la suspensión permanente. Incluye castigos a empresarios que participen en actos de corrupción, se especifica en la Ley estatal de Adquisiciones y Enajenaciones que no podrán participar en licitaciones o recibir contratos para brindar servicios a dependencias públicas.Los legisladores también dieron luz verde a cambios al Código Civil estatal para "fichar" a los deudores de pensión alimentaria. Se habilitará un registro de los tutores que no cumplan para obligarlos a ponerse al corriente limitando realizar algún acto ante el registro público de la propiedad. Además, si un moroso pretende contraer matrimonio, ambos contrayentes serán notificados de su situación.También se autorizó una reforma constitucional para suprimir dos plazas de magistrados en el Tribunal Electoral del Estado (Triejal). La intención es que la modificación esté vigente en octubre próximo cuando concluye el nombramiento de dos juzgadores cuyos espacios ya no serían ocupados. El Triejal quedará integrado por tres magistrados, con la medida se ahorrarían alrededor de cinco millones de pesos al año, sólo de sueldos y prestaciones.En el mismo paquete de acuerdos, la comisión aprobó ajustes al Código Penal estatal para endurecer las sanciones por maltrato animal. La pena por causar la muerte a un animal será de hasta tres años de prisión. Los centros que sacrifican animales para el abasto de alimento deben cumplir las Normas Oficiales Mexicanas en la materia o podrán ser sancionados, con la pérdida de licencia, inhabilitación, hasta cuatro años de cárcel y multa máxima de 84 mil 490 pesos. Los ayuntamientos que operen Centros de Matanza y Servicio Municipal de Rastros tendrán plazo de seis meses para garantizar mejores prácticas y cumplimiento de la reforma. Incluyen sanción de hasta dos años de prisión y multa de 25 mil 347 pesos por el abandono de animales en la vía pública o desatención por periodos prolongados en propiedad privada. Se especifica que quedan exceptuados de estos delitos prácticas como corridas de toros, peleas de gallos, charreadas, cacería, investigación científica, carreras de caballo o perros.Este paquete de reformas aún debe ser aprobado en otras comisiones legislativas y en el pleno del Congreso.LS
