La Controlaría Municipal de Guadalajara sancionó a 20 servidores públicos durante 2022 derivado de la omisión de presentación la declaración patrimonial y de intereses en los términos de Ley; no haber pedido licencia sin goce de sueldo al haber contenido en un cargo de elección popular; no dar cumplimiento a las observaciones derivadas de una auditoría; y autorizar a contribuyentes el pago de sus licencias municipales, teniendo multas pendientes por pagar.En la presentación del primer Informe de Resultados Contraloría Ciudadana 2022, la controlara, Cynthia Cantero Pacheco, mencionó que en el último año se resolvieron 60 expedientes; de éstos, 21 procedimientos se iniciaron en el 2021, y 39 derivan de investigaciones del año 2022.En 19 expedientes se impusieron sanciones; 15 expedientes quedaron sin sanción por no encontrar elementos de responsabilidad administrativa; tres expedientes se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa, por haberse clasificado las conductas investigadas, como faltas graves; y otros 23 continúan en proceso.Entre las sanciones impuestas, 12 trabajadores recibieron una amonestación; siete una suspensión del servicio sin goce de sueldo por hasta siete días; y uno fue inhabilitado hasta por cuatro meses.Las dependencias a las que se encontraban adscritas las personas sancionadas, al momento de la denuncia, fueron: Dirección de Obras Públicas; Dirección de Ingresos de la Tesorería; Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara; Dirección de Inspección y Vigilancia; Dirección de Bomberos y Protección Civil; Dirección Jurídica de la Comisaría de la Policía de Guadalajara; Justicia Cívica Municipal; Dirección de Cultura; Dirección de Parques y Jardines de Servicios Públicos; y Dirección de Operaciones Regionales y Agrupamientos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara.La funcionaria municipal aseguró que durante 2022 aumentó la cultura de la denuncia en la administración con la recepción de 430 denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas o actos de corrupción, sólo 19 están en la etapa de estudios e integración de casos.Precisó que en 139 de las denuncias presentadas en el último año, se resolvió que existían elementos para advertir una responsabilidad; en 194 casos no se inició una investigación por falta de elementos; y 78 denuncias resultaron ser temas de naturaleza diversa a las competencias de la Contraloría.Las dependencias más denunciadas son Inspección y Vigilancia, Servicios Médicos Municipales, el Registro Civil, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos y Aseo Público.En cuanto a las investigaciones de responsabilidad administrativas abiertas por parte de la Contraloría, destacó que durante 2022 se iniciaron 305 expedientes en la Unidad de Investigación, de los cuales sólo en en 39 casos se encontraron elementos de presunción de la responsabilidad administrativa, por lo que los expedientes fueron remitidos al área competente, para desahogar la etapa de substanciación y resolución.Las responsabilidades administrativas en las que puede incurrir un servidor público se clasifican en faltas graves y faltas no graves.Las primeras de ellas, están relacionadas con la afectación a las arcas públicas, como por ejemplo: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y delitos por hechos de corrupción estas investigaciones se remiten al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que sustancie los procedimientos.Las faltas no graves, se refieren a conductas de las personas, por no cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, como por ejemplo: no presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial; realizar, tolerar o permitir actos de acoso u hostigamiento laboral, así como cometer actos u omisiones que generen algún tipo de violencia en razón de género.MF
