Un Congreso tiene tres funciones: legislar, representar y fiscalizar. Y, en las tres, la actual Legislatura ha sido un fracaso. Sus propuestas de ley son inconstitucionales, las más importantes. Y no sólo eso, ellos mismos desobedecen sus propias regulaciones, por ejemplo, en el nombramiento de los consejeros de la Judicatura. No representan a nadie y todos los canales de participación ciudadana han sido una simulación. Se burlan de las universidades al incluirlas en las convocatorias, pero después desconocen sus evaluaciones. Dicen que atenderán lo que marque el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, pero en la práctica se pasan por el “Arco del Triunfo” sus opiniones. Llaman a comparecer al fiscal y al coordinador de seguridad y ni siquiera son capaces de hacerles preguntas serias. Pasan más tiempo alabándolos que pidiéndoles explicaciones. El análisis de las cuentas públicas, lo mismo: lavadero de la suciedad en el gasto. Ni siquiera fueron capaces de discutir, como debe ser, las dos iniciativas de endeudamiento por más de 11 mil millones de pesos que envió el ejecutivo en 2019 y 2020. Es un Congreso fallido, el más incompetente que me haya tocado ver. Luego de años de corrupción y escándalos, el Poder Legislativo había podido enderezarse en las últimos dos legislaturas. Había muchos desafíos pendientes, no obstante, tanto política como administrativamente, el Congreso estaba mejor que en el pasado. La Legislatura 60 con, diputados como Clemente Castañeda, Enrique Velázquez, Miguel Castro o Rafael González Pimienta, lograron enderezar la nave. A trancas y barrancas, pero se contuvo el crecimiento de la nómina, se evaporaron los casos de corrupción como López-Castro de la Legislatura anterior y el gasto del Poder Legislativo se redujo en 38%. Desaparecieron las casas enlace y se acabaron excesos como las camionetas, los celulares o los seguros privados. La Legislatura bailó mucho al son que tocó el Gobierno que llegaba (lo cual era natural con una amplia mayoría del partido del Gobierno), pero los diputados cumplieron al detener el colapso financiero de la institución. Llegó la Legislatura 61. Ahora, la mayoría la tenía Movimiento Ciudadano. Gobierno dividido: el PRI en Casa Jalisco y MC controlando Hidalgo 222. Las alianzas y el trabajo político de diputados como Ismael del Toro, Fela Pelayo, Hugo René Ruiz Esparza, Alejandro Hermosillo, Pilar Pérez Chavira o Pedro Kumamoto permitió que fuera una Legislatura con reformas muy importantes. Se aprobó Sin Voto No Hay Dinero, la iniciativa de reducción de recursos públicos más importante del país. Se nombró a todo el Sistema Anticorrupción con amplios consensos y participación de la ciudadanía. Se fue el corrupto auditor, Alonso Godoy Pelayo —que se había eternizado en el cargo— y llegó un auditor con credibilidad. Se nombró a Alfonso Hernández como ombudsman, tras el oscuro paso de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián por la defensoría popular. Se aprobó la Ley de Participación Social con acuerdo de todas las fracciones parlamentarias. Una Legislatura enderezó administrativamente al Congreso y otra sirvió para destrabar nombramientos y reformas que habían estado congelados por años. MC también tenía la mayoría, pero Del Toro prefirió tejer consensos y no utilizar el tractor para arrasar con cualquier disidencia.Sin embargo, el camino andado se fue por la borda en instantes. Los actuales diputados han decidido romper la inercia de parlamento abierto. Romper el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y fungir como una auténtica oficialía de parte del Poder Ejecutivo. Hagamos un poco de historia. La actual Legislatura desapareció al Instituto Jalisciense de las Mujeres con un Congreso blindado y la mitad del arco parlamentario fuera de sus escaños en señal de protesta. El primer distanciamiento con respecto a esa ciudadanía que dicen representar. Han aprobado los presupuestos (2019 y 2020), y los reajustes así como los endeudamientos, sin casi debate. La alianza MC-PAN que hoy controla el Poder Legislativo está en plan de tractor pasando por encima de cualquiera que se le ponga en medio. Se creen muy proactivos llamando a funcionarios a comparecer, pero no son capaces de formularles una sola pregunta que atienda al sentir ciudadano. El miércoles pasado, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez y el coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez, asistieron al Poder Legislativo y los diputados prefirieron quedar bien con los funcionarios, faltando a la representación de sus distritos. Los hechos graves que sucedieron en Jalisco del 4 al 6 de junio ni siquiera despeinaron a los legisladores. Y luego dicen que son los populistas los que minan la credibilidad de las instituciones. Pues no, son esos que no asumen su investidura, y su responsabilidad, los que destrozan el prestigio del Congreso. La gota que derramó el vaso fue el nombramiento de las y los consejeros de la Judicatura. Los legisladores tenían que seguir lo que ellos mismos aprobaron en la ley y en la convocatoria. Y no quisieron. Al darse cuenta que las universidades y el Comité de Participación Social no serían cómplices de sus inconfesables acuerdos, decidieron dinamitar el proceso. En lugar de respetar los resultados de las evaluaciones de las universidades más prestigiosas de Jalisco y atender a los filtros del Sistema Anticorrupción, prefirieron escudarse en errores en los exámenes para declarar elegibles a todas y todos los candidatos a la Judicatura, sin importar si habían aprobado los requisitos mínimos para llegar a la Judicatura. No recuerdo un cinismo de tal tamaño. Y como sabían que estaban burlando la ley que ellos mismos aprobaron y los compromisos que ellos hicieron, decidieron tomarles protesta a los nuevos tres consejeros a las dos de la mañana. Dos consejeros para MC: Gabhdiel Novia (cercano a Adrián Talamantes, consejero del gobernador) y Tatiana Anaya (cercano a Rafael Martínez, síndico de Zapopan). Y una consejería para el PAN: Claudia Rivera (cercana a Octavio Esqueda, del Comité Directivo del blanquiazul). Las cuotas y los cuates, esas prácticas que tanto denunciaron los emecistas en la oposición.En esta coyuntura, todos los partidos son algo responsables de lo que vemos. En mayor o menor medida, las fuerzas parlamentarias, de todo signo político, han puesto su granito de arena para hacer de esta Legislatura, la peor desde hace muchos años. Sin embargo, la mayor responsabilidad la tiene Movimiento Ciudadano y su coordinador Salvador Caro. Los naranjas prometieron ser distintos. El otrora comisario de seguridad en Guadalajara que, siendo regidor en Guadalajara denunciaba de corrupción todo lo que olearía al PRI, hoy actúa como lo que es: un priista. Caro viene de ahí y eso de repartirse el pastel, nombrar a candidatos no aptos y hacerlo todo en “lo oscurito”, es una práctica enterita del viejo régimen. Del PAN es mejor no decir nada, porque llevan muchos años actuando de esta manera. Años y años sin proponer nada, y sólo sirviendo de bastón de quien está en el poder. Recuerde usted al PAN aprobando todas las reformas o iniciativas de Aristóteles Sandoval o lo que está haciendo ahora el jefe del Ejecutivo. El problema del PAN Jalisco es que sigue secuestrado por un grupo que lo único que quiere es seguir haciendo negocios y lucrando con la derrota cada tres años. Le interesa la política como método de enriquecimiento, no como instrumento para cambiar las cosas. Qué lejanos de aquellos panistas que lucharon por un país democrático y libre. MC sí se tiene que mirarse en el espejo del PRI y del PAN. La sociedad jalisciense no concede bonos eternos. Como llegan, si fallan, los electores ponen a cada quien en su lugar. El PAN se fue en 2012 y lleva ocho años sin rumbo. Y el PRI hoy tiene tres diputados. Llegaron inflados de soberbia en 2012 y hoy el tricolor lucha por sobrevivir. El mensaje de los electores desde 2015 fue confiar en que MC podía cambiar las cosas. Sé que hay voces sensatas en este proyecto político que pueden levantar la voz para corregir el rumbo. Si no lo hacen, el tsunami electoral los mandará muy pronto a la oposición.
