Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional contra la Reforma aprobada en Jalisco para sancionar con la inhabilitación permanente a quien incurra en delitos por corrupción, el diputado perredista Gerardo Quirino Velázquez, promotor de la modificación, defendió la medida y negó que la llamada “muerte civil” a los corruptos, viole garantías individuales como lo planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que presentó el recurso ante la SCJN.El legislador argumentó que la inhabilitación definitiva que se aprobó sólo se aplicaría a servidores públicos que superen las penalidades graduales aplicadas de acuerdo con el monto del daño al erario causado con el ilícito.“No entiendo a la comisión, pero creo que no está actuando acorde al sentir social en este tema, yo no sé a quién está representando con esto la comisión en este tema. La reforma tuvo ajustes para que no fuera inconstitucional”, expuso.En mayo pasado entró en vigor la Reforma al Código Penal y a la Ley de Responsabilidad Administrativa del estado con la que se estableció pena de inhabilitación de uno a diez años, cuando el lucro obtenido por el delito de corrupción sea menor a los 16 mil 898 pesos. En los casos que superen ese monto, el impedimento para volver a ocupar un cargo en la administración pública puede ir de 30 años hasta la inhabilitación perpetua. La CNDH calificó como desproporcionad a la gravedad del delito de corrupción buscar sancionar a una persona con la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Advirtió que esta medida implica prácticamente aislar al acusado de la sociedad.NM
