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Sábado, 20 de Enero 2018

En el limbo, designación de zar anticorrupción

Un juez concedió la suspensión definitiva a Gabriel Valencia; Gerardo Ignacio de la Cruz no podrá rendir protesta
 
Valencia López argumentó que el juzgado le da la razón a su inconformidad al considerar que el mandatario estatal no siguió el proceso que marca la ley. EL INFORMADOR/Archivo

Valencia López argumentó que el juzgado le da la razón a su inconformidad al considerar que el mandatario estatal no siguió el proceso que marca la ley. EL INFORMADOR/Archivo

El nombramiento del primer fiscal anticorrupción del Estado quedará suspendido por tiempo indefinido hasta que se resuelva el amparo que presentó el abogado Gabriel Valencia López.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió la suspensión definitiva al aspirante, quien se inconformó por no haber sido considerado en las propuestas que presentó el gobernador para el cargo, a pesar de ser uno de los perfiles mejor evaluados. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Hugo Contreras Zepeda, lamentó la resolución y afirmó que el Legislativo está atado de manos para tomar protesta a Gerardo Ignacio de la Cruz, a quien eligieron en diciembre pasado para ser el primer zar anticorrupción. El priista sostuvo que con este amparo no se pueden aplicar las pruebas de control de confianza, trámite que debe cumplir el titular antes de asumir funciones. 

“Lo que implica jurídicamente la suspensión definitiva es que el Congreso no puede actuar hasta en tanto no se resuelva el fondo del amparo solicitado por el hermano incómodo quejoso. No está en nuestra cancha, es un asunto que corre un procedimiento ante la autoridad federal y ya no está en manos del Congreso”, refirió el priista.

Luego de conocer la resolución, Valencia López argumentó que el juzgado le da la razón a su inconformidad al considerar que el mandatario estatal no siguió el proceso que marca la ley. Argumentó que fue discriminado e insistió en que no pretende frenar que De la Cruz asuma el puesto, sino que defiende su derecho a ser considerado. Dijo que todavía analiza la posibilidad de desistirse y retirar el amparo, pero demandó conocer por qué no fue considerado. 

“Esta resolución demuestra que el gobernador se equivocó y que la opinión técnica del Comité de Participación sí es vinculante. El gobernador y las autoridades que han mal informado deben explicar los motivos de por qué no se cumplió con la norma”, sostuvo.

Entre los argumentos para emitir la suspensión definitiva se expone que al frenar el nombramiento del zar anticorrupción no se afecta el interés social pues, como señaló el quejoso, la Fiscalía General dará la atención y seguimiento a las denuncias en materia de corrupción. 

De acuerdo con artículos transitorios de la reforma constitucional que creó el Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), en tanto se elige al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, la fiscal Central, Marisela Gómez Cobos, está facultada para substanciar los procesos de investigación de posibles hechos de corrupción.

El quejoso y el elegido

 

Gabriel Valencia, aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción

 

Gerardo de la Cruz, elegido por el Congreso local en diciembre 

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió la suspensión definitiva al aspirante, quien se inconformó por no haber sido considerado en las propuestas que presentó el gobernador para el cargo, a pesar de que fue uno de los perfiles mejor evaluados de acuerdo con la metodología del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. El académico de la Universidad Panamericana fue elegido por los diputados locales en diciembre pasado. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Hugo Contreras, explicó que el Legislativo no puede tomar protesta a De la Cruz. Sostuvo que con el amparo que obtuvo Valencia no se pueden aplicar las pruebas de control de confianza, que debe cumplir antes de asumir el cargo.

TELÓN DE FONDO

Promete trabajo especializado

Durante su pasada comparecencia ante los diputados, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, que fue votado por los diputados como fiscal anticorrupción, sostuvo que el nacimiento del Sistema Anticorrupción fue una exigencia de la sociedad, pues las cosas dejaron de funcionar como estaban establecidas. 

Sobre sus planes de trabajo al llegar al cargo, el académico adelantó que la naciente Fiscalía Anticorrupción se dividirá en áreas especializadas de investigación, con unidades específicas dedicadas a indagar los diferentes tipos de corrupción que se presentan. Advirtió que el trabajo arrancará de cero y que enfrentará posibles reticencias en algunos sectores de las instituciones.   “Con el Sistema Nacional Anticorrupción del cual depende el sistema estatal, estamos buscando cambiar paradigmas, estamos buscando que las cosas sean diferentes, no que hubiera más de lo mismo, no que hubiera los mismos actores en diferentes papeles. Si en este momento nos encontramos ante la necesidad de implementar un sistema anticorrupción es porque las cosas no han funcionado con los personajes que las venían haciendo”, comentó en entrevista realizada cuando se publicó que era uno de los aspirantes mejor valorado por el Comité de Participación Social.

El académico consideró que no tener experiencia en un cargo público es una ventaja, pues no tiene ligas partidistas.

Fiscalía Anticorrupción queda acéfala, pero con presupuesto

Los diputados etiquetaron 771 mil pesos para cubrir el sueldo del fiscal anticorrupción. EL INFORMADOR/Archivo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no empezará a operar hasta que se destrabe el nombramiento de su titular. Para arrancar la operación de esta área se presupuestó una bolsa de 40 millones de pesos para las necesidades administrativas y tecnológicas que requieran. Además, se consideran 16 plazas para la nueva dependencia con la posibilidad de que se amplíen según las necesidades.

Como parte de las reasignaciones presupuestales se etiquetaron 771 mil pesos para el sueldo del zar anticorrupción, quien recibirá 146 mil pesos como salario mensual base. Para el Comité de Participación Social se consideró un millón 556 mil pesos, los integrantes del comité tendrán sueldo base de 58 mil pesos.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción tiene autonomía financiera y de gestión, el fiscal General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, afirmó que apoyarán a la nueva dependencia para, por ejemplo, cederle instalaciones donde operar, dijo que trabajarán en colaboración e incluso abrió la posibilidad de traspasar algunas plazas.

“Se buscará coordinarnos, al final de cuentas es un fiscal que va actuar autónomo para el tema anticorrupción, pero habrá apoyo y seremos solidarios con ellos como institución pública”, comentó.

Instalarán Comité Coordinador del SAE la próxima semana

Pese a los tropiezos en los procesos de los 10 nombramientos relacionados con el Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), se empezaron a dar los primeros pasos para la instalación del Comité Coordinador, que agrupa a las instituciones encargadas de aplicar los cambios en la estrategia para prevenir y combatir este problema.

Jorge Alberto Alatorre Flores, quien lo presidirá durante este año, confirmó que ya tuvieron reuniones preliminares y se pondrá en marcha formalmente la próxima semana.

Este órgano es pieza clave para el funcionamiento del nuevo esquema, pues es el encargado de establecer las bases y principios para urdir un trabajo efectivo. Lo conforman el titular de la Auditoría Superior del Estado, la contralora de la Entidad, un representante del Consejo de la Judicatura, la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y el presidente del Comité de Participación Social (CPS).

Entre sus funciones está la aprobación, diseño y promoción de las políticas estatales en la materia, evaluación periódica, ajuste y modificación; la emisión de un informe anual que contenga avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas de combate a la corrupción, y el requerimiento de información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal.

También debe establecer mecanismos de colaboración con los sistemas municipales anticorrupción en los ayuntamientos que cuenten con ellos.

El espacio reservado para el fiscal anticorrupción quedará vacante por el proceso legal en el que está atorado el nombramiento. La presidencia del Comité Coordinador durará un año y será rotativa entre los miembros del CPS. Su instalación está programada para el próximo miércoles 17 de enero en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas.

GUÍA

Sistema Estatal Anticorrupción

¿Qué es?

Es un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas que busca establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la colaboración entre las autoridades en la prevención, detección y delitos en materia de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

¿Quién lo integra?

El Comité de Participación Social

Conformado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción

El Comité Coordinador

Agrupa a la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría estatal, Consejo de la Judicatura, Instituto de Transparencia, Tribunal de Justicia Administrativa y al Comité de Participación Social.

El Sistema Estatal de Fiscalización

Promoverá el intercambio de información para avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Forman parte Auditoría Superior, Contraloría del Estado, órganos internos de control del Congreso, Poder Judicial y de las dependencias autónomas.

FUENTE: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Funciones que llevará a cabo el organismo 
  • Aprobación, diseño y promoción de las políticas estatales en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
  • Diseño de la metodología de los indicadores para la evaluación.
  • Conocer el resultado de las evaluaciones que se realicen y acordar las modificaciones que correspondan a las políticas integrales.
  • Emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas de combate a la corrupción
  • Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación.
  • Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales anticorrupción en los ayuntamientos que cuenten con ellos.

Buscan no duplicar esfuerzos

El presidente del Comité de Participación Social (CPS), Jorge Alberto Alatorre, dijo que entre los requerimientos tecnológicos del SAE está que la plataforma nacional quede integrada y posteriormente establecer el mecanismo estatal, ya armonizado, para no duplicar esfuerzos. 

Alatorre Flores reconoció que muchos pendientes se tendrán que resolver sobre la marcha y advirtió que la dinámica electoral podría afectar que se les considere como prioridades.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recomendó que lo ideal es que se habilite la plataforma digital nacional y no crear 32 plataformas estatales. Fernando Alcázar, investigador de esta organización, destacó que se debe garantizar que el sistema opere con datos abiertos y transparencia total.

Judicializan nombramiento de contralores 

El nombramiento de contralores internos de dependencias autónomas también se judicializó. El Tribunal Electoral del Estado obtuvo una suspensión que evitó que el contralor que designó el Congreso asumiera el cargo. También está pendiente definir la situación de Mara Robles Villaseñor, integrante de la Comisión de Selección del SAE, que es precandidata a diputada de Movimiento Ciudadano (MC)

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