Por considerar que las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento social y uso de cubrebocas son violatorias de los derechos humanos de los jaliscienses, la diputada federal de Morena, Laura Imelda Pérez, interpuso un amparo ante la autoridad judicial."Dejamos constancia que las medidas estatales implican violaciones a los derechos humanos tutelados en el artículo primero constitucional y violentan la jerarquización institucional. Buscamos que Jalisco regrese al camino de la legalidad y respeto a la Constitución", expresó en conferencia.A través de redes sociales, la legisladora compartió un documento en blanco para ser llenado por quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados y se puede presentar de forma individual ante las autoridades, explicó."Es un tema importante y urgente por ser violación de derechos humanos y tiene que ser recibido (por la autoridad judicial), solo se debe mencionar que es por el Acuerdo Ejecutivo por COVID-19 y eso hace urgente la recepción del documento", aclaró.La intención del amparo es que un juez dicte la suspensión del decreto publicado por el gobernador de Jalisco el pasado 19 de abril, donde se facultó a los municipios para sancionar a quien incumpla las medidas sanitarias.La autoridad estatal informó este martes que 165 personas habían sido detenidas por hacer caso omiso al ordenamiento estatal y se habían realizado 28 mil 400 apercibimientos por no utilizar cubrebocas en espacios públicos."No es posible que la fuerza pública se dirija hacia la población. No es aceptable que se impida el libre tránsito y con esto se imposibilite la atención médica inmediata", subrayó e hizo un llamado a la gente a respetar de forma voluntaria la Jornada Nacional de Sana Distancia emitida por el gobierno federal.La legisladora federal jalisciense agregó que también presentó un punto de acuerdo urgente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, donde solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión estatal, hacer público un informe sobre posibles actos violatorios de garantías por el decreto emitido por el Ejecutivo estatal."El acuerdo trastoca el orden constitucional, el artículo 29 es claro al señalar que solo el presidente tiene facultades para decretar estado de excepción, con aprobación del Congreso de la Unión", recalcó.NR
