La postulación de funcionarios estatales y municipales que buscan el nombramiento de magistrado no enrarece el proceso, afirmó el diputado Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia. Sostuvo que no hay impedimento legal para que el titular de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, Adrián Talamantes Lobato, aspire a ser nombrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ).“Tienen derecho a participar y será en igualdad de condiciones. No mete presión ninguna (la postulación de funcionarios). Todo mundo tiene derecho a participar. Adrián Talamantes puede tener la simpatía de muchos diputados, pero al final tiene que estar entre los mejor evaluados. La idea de la comisión es tener el mejor proceso”, argumentó. Entre los aspirantes están Gerardo Monraz Villaseñor (hermano del secretario de transporte); Luis Enrique Castellanos Ibarra director de Oficialía de partes del Consejo de la Judicatura (sobrino del secretario general de gobierno) y el ex diputado panista Ricardo Ríos Bojórquez.También busca una magistratura, la panista Diana Araceli González Martínez, actual legisladora suplente por el distrito 4; en la misma fórmula con el diputado Enrique Velázquez ambos postulados por la alianza PAN-MC-PRD. Otros funcionarios que buscan la designación son Enrique Flores Domínguez, director general en la Secretaría del Trabajo; Georgina Del Real Vizcaíno directora jurídica de la Secretaría de Agricultura; Héctor Javier Díaz Sánchez titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; y Armando Aviña Villalobos director de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.Definen calendario de entrevistasDiputados de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia aprobaron el calendario para desahogar las entrevistas a los aspirantes a magistrados. El 30 de noviembre comparecerán vía telemática los candidatos al Consejo de la Judicatura, y del primero al 3 de diciembre los postulados por una magistratura.Enrique Velázquez, presidente de la Comisión, informó que no todos los aspirantes presentarán la evaluación de control y confianza, no lo harán quienes lo presentaron en el anterior proceso de designación y también los que tienen amparos para no someterse a las pruebas.Detalló que el Congreso estatal pagará poco más de un millón de pesos al Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) por la aplicación del examen teórico. Además de 5 mil pesos por cada evaluación que realice el Centro Estatal de Control de ConfianzaEl legislador refirió que esperan tener los resultados de las pruebas, incluida la evaluación que hará el Comité de Participación Social, para poder votar las diez designaciones el 15 de diciembre como establece la convocatoria.LS
