Tras analizar la nómina de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), que consta de más de 80 mil trabajadores, se detectó una red dedicada a la venta de plazas. El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores, afirmó que ya interpusieron las denuncias correspondientes.El Gobierno estatal presume que involucra al menos 838 casos entre plazas vendidas a un precio que va de los 50 mil a los 130 mil pesos, así como fraudes en los que el interesado pagó, pero no obtuvo el puesto.El negocio, calculó la autoridad, dejó ganancias por cerca de 35 millones de pesos.La mayoría (650) pagó por el puesto, pero no lo recibió o fue provisional; otros son activos; sin embargo, fueron dados de alta de forma irregular (87). El resto corresponde a plazas conseguidas con documentación apócrifa o ingresadas al sistema sin respaldo documental (101).Gerardo Rodríguez, subsecretario de Administración, explicó que para la detección de las irregularidades hicieron un cruce de la nómina con las plazas entregadas.Las autoridades ubicaron a cuatro operadores que recaudaron el dinero y reconocieron que existen más grupos que trabajan de manera similar en el Estado.Bárbara Casillas, coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, apuntó que no revelarán los nombres de los involucrados para no entorpecer la labor de la Fiscalía.Francisco Ayón, ex secretario de Educación, celebró “la decisión de seguir combatiendo la venta de plazas educativas”.Añadió que en su gestión se interpusieron denuncias e incluso hubo detenidos, pero los implicados fueron liberados al no ser un delito grave. “Es necesario cambiar la ley para acabar con este ilícito”Luis Enrique Galván, ex director General de Asuntos Jurídicos de la SEJ, respondió que desde 2016 interpusieron una decena de denuncias por la venta fraudulenta de plazas.Sin embargo, aseguró que en todos los casos que tuvo conocimiento, nunca se concretó el ingreso a la nómina. “Les vendían un oficio de presentación falso”.Por estos casos hubo siete detenidos ante la entonces PGR y un sentenciado ante el fuero común.Recordó que llegó a atender decenas de casos y aunque había más, la mayoría prefería no denunciar. Sobre las plazas irregulares en activo que detectó la actual gestión, dijo no tener conocimiento.
