Para evitar el “lavado” de cuentas públicas, especialistas en administración y combate a la corrupción piden al Congreso del Estado una reforma que sancione irregularidades en el gasto público. La propuesta es porque las investigaciones de la Auditoría Superior de Jalisco (Asej) no han derivado en castigos contra funcionarios y falta transparencia en la información que se publica (como sí lo hace la Auditoría Superior de la Federación).Hay precedentes de sanciones contra ex funcionarios en el pasado. Tras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción han pisado la cárcel secretarios de la administración de Aristóteles Sandoval (2012-2018): Felipe Tito Lugo y Alberto Lamas, entre otros, mientras Antonio Cruces Mada permanece en Puente Grande. Sin embargo, de la administración de Enrique Alfaro (2018-2024) no hay sancionados tras las investigaciones de la Auditoría.En la pasada gestión estatal, el Congreso autorizó al Ejecutivo gastar 827 mil 503 millones de pesos, aunque se ejercieron otros 49 mil 984 millones que llegaron de forma extraordinaria. Hoy se desconoce en qué se gastó ese dinero extra, que equivale a la construcción de cinco Líneas 4 del Tren Ligero a Tlajomulco.Todos los años, la Asej audita las cuentas públicas del Gobierno, pero hay un retraso porque la última fue en 2022 y los resultados se presentaron el año pasado. Y las observaciones del 2023 estarán hasta agosto próximo.Actualmente, las investigaciones a las cuentas públicas de los años 2019 a 2022 han resultado sin sanciones. Mientras el auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez niega entrevistas, en la página asej.gob.mx se trasparentan esas auditorías, pero se dan a conocer observaciones de manera parcial, sin detalles. En general, cada año se audita un promedio del 26% de recursos gastados por la pasada administración. El área de Comunicación Social contesta que “la aplicación de las sanciones no son facultad legal de la Asej”, pero sus investigaciones son esenciales para que eso ocurra.Marco Aurelio Núñez, abogado fiscalista, considera que debe ampliarse la cobertura de las auditorías, con una actualización a la Ley de Fiscalización. “Se requiere ampliar el alcance de las auditorías para cubrir una mayor proporción del presupuesto. Esto permitiría una fiscalización más integral y efectiva, contribuyendo a una mayor transparencia”.Entre los casos emblemáticos auditados está el señalado en 2019, cuando se encontraron inconsistencias por arrendamientos de maquinaria pesada por 483.2 millones de pesos, relacionados con el programa “A toda máquina”. Al final, el caso quedó sin anomalías.Jesús Ibarra, ex presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, destaca este caso como uno de los pocos en los que la Auditoría dio a conocer detalles de las observaciones. “Identificó lo que todos los demás ocultaron: el conflicto de interés entre el gobernador y el empresario. Pero no pasó nada”. Señala que si bien la Asej utiliza metodologías internacionales y genera informes anuales, no continúa con los procesos para señalar a los involucrados en irregularidades.Lucía Almaraz, catedrática de la Univa, lamenta que el actual modelo esté diseñado para no incomodar a nadie. Recordó que el cargo de auditor dura ocho años, un tiempo “excesivo” si no hay resultados. Y cuestiona la falta de mecanismos externos de evaluación a la Asej, “lo que impide conocer su desempeño real”. Académicos y especialistas coincidieron en que la Auditoría Superior de Jalisco (ASEJ) enfrenta diversas limitaciones para fiscalizar el uso del dinero público y operar como contrapeso efectivo del poder. Por eso proponen reformas y mecanismos de participación ciudadana que fortalezcan sus evaluaciones y se erradique la opacidad que hoy impide conocer a fondo cómo se gasta el dinero en el Estado.Jesús Ibarra, académico del ITESO y expresidente del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), apuntó que otra falla radica en la auditoría de desempeño, pues si bien debería mostrar si los entes públicos cumplen con los objetivos del gasto, “todavía no hay suficiente claridad sobre las consecuencias de la evaluación del desempeño”.En ese sentido, recomienda una reforma para que las observaciones que no sean solventadas generen en automático un crédito fiscal, pues “esto evitaría un procedimiento formal plagado de leguleyadas que, con apoyo de buenos abogados, pueden eludir sanciones”.Lucía Almaraz, catedrática de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y también ex presidenta del Seajal, acentuó que uno de los problemas centrales de la ASEJ al momento de auditar el gasto relacionado con el Gobierno de Jalisco radica en que prioriza una visión técnica y cerrada de sus funciones, dejando de lado su papel como contrapeso democrático.Entre sus propuestas para transformar a la ASEJ subrayó una reforma que obligue al organismo a rendir cuentas de forma abierta ante la ciudadanía, con ejercicios públicos donde se informe sobre avances y retrocesos. “Requerimos una auditoría de puertas abiertas, más cercana a las personas”.También pidió fomentar la participación ciudadana en los procesos de auditoría y abrir canales para recibir denuncias o sugerencias.Añadió que muchas de las personas que laboran en la Auditoría llevan años en el mismo esquema de trabajo, por lo que urge modernizar tanto los métodos como las herramientas que utilizan.Insistió en la necesidad de fortalecer la integridad institucional, establecer códigos éticos y transparentar la contratación de servicios para asegurar que las auditorías sean más objetivas. “Está por cumplirse el periodo del auditor Jorge Ortiz. Me parece que en el siguiente sí tendríamos que estar pensando en una mujer que traiga una visión diferente”. Periodo 2019-2024: 827 mil 503.5 millones de pesosRecursos extra que se gastaron: 49 mil 984.5 millones de pesosTotal ejercido en el sexenio pasado: 877 mil 488 millones de pesos Observaciones totales por: 9 mil 007 millones de pesosResultados finales Observaciones solventadas. No hay sanciones ni castigados.Pendientes: Auditorías a las cuentas públicas 2023 y 2024 Se solicitó entrevista con el auditor superior, pero se negó por cuestiones de agenda.Por escrito, la Auditoría respondió lo siguiente:“Los informes que presenta la Auditoría Superior del Estado de Jalisco están apegados a la normatividad establecida y en cumplimiento a lo que dispone la ley. Los informes anuales y semestrales de las cuentas públicas presentan los datos generales y concentrados, mientras que la información de los detalles de las cuentas específicas pueden consultarse en los informes públicos individuales que también pueden encontrarse en nuestro sitio web”.Apuntó que: “La labor de la ASEJ determinada por la ley es revisar, informar del estado de las cuentas públicas y, en su caso, observar y promover los procedimientos de responsabilidad que determina la ley. Las sanciones y los procedimientos que terminarán en sanciones no son determinados por la ASEJ sino por las instancias correspondientes”.Sobre las sugerencias de reformas para mejorar la rendición de cuentas y la fiscalización de las cuentas públicas, “hay que recordar que dentro de los propios informes de cuenta pública se determinan las áreas de riesgo y oportunidad en las áreas observadas y se pueden consultar esas recomendaciones en los informes semestrales tal en el apartado de áreas de riesgo, como lo estipula la ley”.Añadió: “La aplicación de las sanciones a las irregularidades en el gasto público no son facultad legal de la ASEJ. Su aplicación no corresponde a la Asej”. Marco Aurelio Núñez Cué, abogado fiscalista y académico de la Universidad Panamericana, opinó que una de las fortalezas de la ASEJ es que puede operar de manera independiente al Gobierno, lo que, en teoría, le permitiría laborar de manera objetiva respecto del gasto del Gobierno estatal.En este sentido, Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, afirmó que la ASEJ sigue sin cumplir su papel como garante de la rendición de cuentas. Y uno de los factores es su dependencia del Congreso del Estado. “Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el Congreso sirve de contrapeso al Poder Ejecutivo. La respuesta es clara”.Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, dijo que la institución tiene facultades clave para fiscalizar el uso de recursos públicos, “pero se ha perdido esa confianza en las instituciones” debido a su operación parcial y su cercanía con los grupos en el poder. “El gran problema es quién pone al auditor superior. Lo designan los mismos actores políticos”, lo que impide una verdadera vigilancia autónoma sobre el gasto público. Recordó que en Jalisco la Auditoría ha avalado cuentas públicas sin apegarse al marco legal y sin presentar denuncias, incluso en casos de malversación. “Se convirtieron en cómplices por la omisión y palomearon muchas de esas cuentas públicas”.También criticó la disparidad con la que se exige transparencia: “El Estado, hablando del Gobierno, es el primero en violentar el marco jurídico. Al ciudadano no le permiten más de 60 días de atraso en su contabilidad, pero el Gobierno no sube su contabilidad en tiempo real, aunque tenga tecnología, capacitación y normas para hacerlo”. Por ello, es necesario que el auditor superior sea elegido mediante un proceso abierto a la ciudadanía. Para Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de Jalisco implica considerar el contexto en el que llegó el actual auditor. “Recibió una institución muy corrupta. El anterior auditor superior, Alonso Godoy, bien sabíamos todo lo que hacía y terminó muy mal. Que se fuera él no era lo único que bastaba”.Esto porque, si bien reconoció que fue un esfuerzo el renovar la institución tras su anterior conducción, advierte que “seguramente se quedaron enquistados grupos que se resistían a los nuevos modos que se vinieron con la creación de los sistemas anticorrupción”, por lo que es posible que todavía existan personajes que pudieran ser parte de los ciclos de corrupción.Explicó que la ASEJ sigue sin cumplir su papel como garante de la rendición de cuentas. Y uno de los factores es su dependencia del Congreso del Estado.Cuestionó que los reportes son redactados de una forma muy técnica, desincentivando a que la ciudadanía común se interese en conocer sus resultados, dejando el tema solo a la clase política. “No están hechos de cara a la gente”.Dijo que debería no solo limitarse a revisar el gasto de manera contable, sino también a evaluar sus efectos en áreas clave para el desarrollo del Estado, como la educación o la salud. “¿Se cumple lo que prometiste en educación, en salud…? No hemos visto ningún reporte al respecto”, pese a que los montos erogados en el Gobierno pasado superaron los 877 mil 488 millones de pesos, incluyendo recursos extraordinarios.Frente a este panorama, propuso revisar no solo la posibilidad de un cambio a la legislación para que se puedan ampliar los montos de la muestra a auditar y con ello tener un mayor alcance de análisis, sino también la actuación que tienen ante el Congreso de Jalisco, a quien deben rendirle cuentas según la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.“Hay que llamar primero a hacer una revisión jurídica, pero también ver el papel que ha jugado la Comisión de Vigilancia y el Congreso entero para pedir a la ASEJ que rinda cuentas”. Estas cuentas deben ser públicas, accesibles y detalladas: “¿Cuáles son las observaciones? ¿Por qué se observó? ¿Quién la solventó, quién no, cuáles son graves y cuáles no?”.Finalizó: “Todavía la Auditoría Superior del Estado no representa los anhelos de transparencia y de rendición de cuentas y, por supuesto, de combate a la corrupción”. CT
