Diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado coinciden en que es urgente reformar la Ley de Fiscalización, a fin de que se obligue a la Auditoría Superior de Jalisco (Asej) a generar medidas que permitan transparencia en sus actividades y que su trabajo incida en sanciones contra servidores públicos que desvían recursos o cometen irregularidades con el erario.Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, criticó la falta de información sobre los montos observados, subsanados o pendientes en las cuentas públicas del Gobierno de Jalisco y Ayuntamientos, así como la nula socialización de los resultados. Acentuó que ni el Congreso ni la ciudadanía están satisfechos, y por eso anunció que su bancada trabaja en una propuesta para garantizar mayor transparencia y efectividad en las observaciones contra servidores públicos.Adelantó que se pretende incluir la selección aleatoria de cuentas públicas ya auditadas para revisarlas por un ente externo que valide las conclusiones, detecte si hay irregularidades y determine responsabilidades no sólo contra quienes manejan los recursos, sino contra los que deben supervisarlos.Tonantzin Cárdenas, coordinadora de Futuro, consideró que la Auditoría tiene áreas de mejora, tanto en la claridad en la que presenta la información como en la falta de sanciones. Señaló que no se puede hablar de rendición de cuentas mientras los datos no sean accesibles para la ciudadanía. Criticó que el Congreso ha dejado de lado los mecanismos de vigilancia ciudadana y subrayó la urgencia de abrir estos espacios a la población. Por eso es necesaria una reforma para impulsar mecanismos de vigilancia ciudadana y abrir espacios de participación en áreas como obra pública, salud y programas sociales. “Mientras más abiertos y participativos sean los espacios, menor será el riesgo de corrupción”. En la administración de Enrique Alfaro, el Congreso autorizó al Gobierno de Jalisco gastar 827 mil 503 millones de pesos, pero se ejercieron otros 49 mil 984 millones que llegaron de forma extraordinaria. Hoy se desconoce en qué se gastaron estos últimos. Además, las investigaciones de la Asej han derivado en observaciones por más de nueve mil millones de pesos, pero no hay sanciones contra funcionarios.Claudia Murguía, coordinadora del PAN, lamentó que si bien la Auditoría es autónoma en su labor, debe responder al Congreso al emitir sus informes, pero no existe comunicación con el auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quien sólo se presenta en las glosas. “De ahí en más, no se tiene comunicación con él”.Esto es clave para conocer las necesidades del organismo y generar mecanismos que mejoren su gestión y transparencia.José Luis Tostado, presidente de la Junta y coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que no puede calificar a la Asej como afín al Gobierno: “Si no hay observaciones es porque justifica, fundamenta y motiva sus resoluciones. Me parece que han hecho un buen trabajo en lo general, pero todo mecanismo jurídico es revisable, sobre todo porque han ido cambiando las condiciones jurídicas del Estado”.María del Refugio Camarena, del PRI, agregó que el trabajo “ha sido aceptable” al revisar el uso del dinero público. Pero señaló que el organismo se ha quedado corto en las auditorías de desempeño, al no medir si los recursos ejercidos por el Gobierno y los municipios realmente generan un impacto positivo en la sociedad. Alberto Alfaro, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, expresó su inconformidad con el desempeño que ha tenido la Auditoría Superior del Estado, debido a que se ha citado en diversas ocasiones a su titular, pero simplemente no se les ha dado respuesta.Ante esta situación, el legislador adelantó que están considerando citar al auditor a comparecer. “No estamos satisfechos con los resultados de la Auditoría Superior”.Alberto Alfaro recordó que la Asej ejerce un presupuesto anual cercano a los 363 millones de pesos, por lo que el Congreso tiene la obligación de evaluar su trabajo y no solo recibir y avalar los informes que ésta emite.Además, cuestionó que, según los análisis de la Comisión, la Auditoría dejó de capacitar a los municipios y entes auditables.Apuntó que la reforma de 2017, que retiró al Congreso de la elaboración de los informes finales, fue un avance “para que la Auditoría fuera más autónoma”, pero no ha sido suficiente. “Hoy, ante los opacos resultados de la fiscalización en Jalisco, resulta urgente la reestructuración administrativa, así como reformas que garanticen que los resultados sean públicos, accesibles y detallados”. Por su parte, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, también integrante de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, consideró que el proceso de relevo del auditor superior debe aprovecharse para revisar a fondo el marco jurídico que regula a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).Señaló que si bien la ASEJ debe tener autonomía técnica y de gestión, esto no significa independencia política del Congreso. “Creo que se necesita que la Auditoría Superior del Estado vuelva a estar cerca del Poder Legislativo del Congreso y que tenga una relación mucho más cercana, de interacción”.También pidió que el órgano fiscalizador recupere su papel como contrapeso democrático. “Es un elemento fundamental para que haya transparencia en el ejercicio de todo el gasto en Jalisco y que se puedan aprovechar los recursos de la mejor manera”.Cuestionó el funcionamiento interno de la ASEJ, al advertir que podrían existir fugas de información o distorsiones que afecten su función sustantiva. “Hace falta una actuación totalmente contundente, ajena a cualquier influencia exterior”.Finalmente, propuso una fiscalización más amplia. “No solamente de carácter financiero, sino de fines, propósitos, legalidad, cumplimiento de metas, es decir, todos los aspectos integrales que deben tener al lado este proceso”. 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