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Viernes, 24 de Noviembre 2017

Corrigen leyes secundarias para nombramiento de auditor y magistrados

Diputados locales hacen la modificación para que el Comité de Participación Social pueda formar parte del proceso de designación

Leyes secundarias del Sistema Anticorrupción del Estado en sus artículos transitorios señalaban que hasta el 1 de enero entraban en vigor. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Leyes secundarias del Sistema Anticorrupción del Estado en sus artículos transitorios señalaban que hasta el 1 de enero entraban en vigor. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los legisladores realizan una enmienda a las fechas para arrancar el proceso de selección de  magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y el auditor superior.

En sesión de este jueves, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se realizaron cambios a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Ley de Fiscalización para que los artículos relacionados con la elección de magistrados y del auditor superior entren en vigor el próximo lunes 23 de octubre, y con ello posibilitar que el Comité de Participación Social forme parte del proceso de designación.

Leyes secundarias del Sistema Anticorrupción del Estado en sus artículos transitorios señalaban que hasta el 1 de enero entraban en vigor, con lo que los funcionarios no se podrían elegir con las nuevas reglas que incluyen la intervención del Comité de Participación Social.

De acuerdo con el calendario de los diputados una vez nombrado el Comité de Participación Social, a más tardar a mediados de noviembre, se deben emitir las convocatorias para la elección de magistrados y auditor. Estos nombramientos se aprobarán como fecha límite el 14 de diciembre, para que el 1 de enero cuando entre en funcionamiento todo el Sistema Anticorrupción, asuman el cargo.

Medio ambiente

En otro de los temas abordados, el Legislativo estatal aprobó reformas al Código Penal para imponer mayores sanciones a quien cometa delitos en contra del medio ambiente, particularmente para quien afecte áreas naturales protegidas.

La modificación al Artículo 290 establece que se impondrá una pena de uno a tres años de prisión y una multa de 300 a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización a quien contamine o altere perjudicialmente el suelo, la atmósfera o las aguas de jurisdicción estatal o que generen daños a la población.

En el caso de que esas actividades se lleven al cabo en un área natural protegida que se encuentre bajo la administración del Estado o un municipio, la pena de prisión se incrementará hasta tres años y el castigo económico hasta en mil veces el valor de Medida y Actualización.

Cambian fecha de informe

A partir del próximo año el titular del Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso Local el informe anual del estado que guarda la administración pública, el día 6 de noviembre, ya no será el 1 de febrero.

Amplían plazo

En otro orden de ideas, la Comisión de Responsabilidades dio luz verde para  ampliar el plazo para el desahogo de pruebas en el caso de los juicios políticos contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes.

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