El Congreso local aprobó reforma al Código Penal estatal para establecer pena de hasta 70 años de prisión por el asesinato de policías. La modificación especifica que, en los casos de homicidio calificado, cometidos en contra de personas que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia; se impondrá pena de 40 a 70 años de prisión y multa de hasta 84 mil 490 pesos. Éste es el castigo máximo considerado en la legislación estatal y antes de esta reforma sólo se contemplaba para los casos de feminicidio. "La legislación tiene tres propósitos, el disuasivo, que se conozcan cuáles son las consecuencias de atentar contra policías. Que quien dé ese paso reciba sanciones verdaderamente severas con las agravantes que se están aprobando y finalmente mandar una señal de que los poderes públicos están unidos", comentó el diputado Salvador Caro Cabrera, promotor de la reforma. El ex comisario de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara presentó la iniciativa en septiembre del año pasado, tras el asesinato de cuatro elementos de la Policía de Guadalajara (el comandante Eduardo Plazola García, Roberto Torres Salcedo, Marcela Guadalupe Herrera Maciel y José Aguilar Flores). La reforma estaba pendiente de votarse en el pleno del Congreso, se retomó tras el ataque registrado el martes en Tonalá, en el que murieron el comandante Sergio Rivas Mejía y su escolta Ramiro Alejandro Delgado Pérez, ambos de la corporación tapatía. "La iniciativa se presentó el día posterior de la muerte del comisario Eduardo Plazola, un policía ejemplar; casualmente se aprueba el día posterior al homicidio del comandante Sergio Rivas, un elemento extraordinario, en ese inter se dieron una serie de sucesos que involucraron a ex mandos policiales. El origen de la redacción fue el suceso en Zapotlán el Grande cuando personal de la Marina se vio atacado por pobladores. Se conjuntó la voluntad de todos los diputados para mandar esta señal de integridad", refirió el legislador.Caro Cabrera detalló que la modificación sólo considera el endurecimiento de las penas y no incluye cambios o aumento de apoyos a las familias de los policías asesinados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el voto a favor de los 37 diputados presentes en la sesión extraordinaria. En el caso del delito de desaparición forzada se considera una agravante si la víctima es un agente de seguridad, la pena puede llegar hasta los 53 años de cárcel. También en los delitos de lesiones, la sanción aumentará de dos a cinco años de cárcel, si se cometen contra un policía. Antes de finalizar la sesión, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de los agentes fallecidos. LS
