Para reglamentar los pasos a seguir en los procesos de reevaluación de los policías que no acrediten las pruebas de control de confianza, fue avalada en comisiones legislativas del Congreso local una modificación a la Ley de Control de Confianza del Estado con la que se busca establecer que una segunda revisión debe ser solicitada por el elemento, vía el titular de la institución de la que forma parte, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. El Centro deberá resolver si procede la solicitud previo análisis de los factores de riesgo emitidos por el Centro Nacional de Control y Acreditación.Queda especificado que en caso de resultar improcedente la aplicación de la reevaluación, de inmediato debe iniciarse el proceso administrativo para la separación del cargo del elemento, con apego a sus garantías de audiencia, defensa y protección a los derechos humanos.El profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, explicó que la reevaluación a los policías no sería necesaria si los exámenes de control y confianza se hicieran estrictamente apegados a la normatividad y se garantizara su objetividad.“Creo que es una medida remedial, en virtud de que hay bastantes críticas en el sentido de que las pruebas carecen de objetividad y se intenta darle el mismo formato que se establece a nivel nacional. Se requiere tener policías certificados pero que los parámetros sean serios para evitar las reevaluaciones”, comentó.Esta iniciativa de reforma fue presentada por el gobernador en enero pasado y también incluye una modificación para ampliar el plazo para que los policías presenten las evaluaciones de control y confianza, para que sea cada tres años y no cada dos como está marcado actualmente, se plantea modificar el artículo 14 de la Ley estatal de Control de Confianza.En la exposición de motivos de la reforma se justifica que el ajuste es necesario para armonizar la legislación local con lo aprobado en 2016 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que avaló una serie de acuerdos para regular la emisión del Certificado Único Policial y se estableció que la periodicidad de las pruebas debe ser trianual.La iniciativa ya recibió el visto bueno de diputados de la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales, fue presentada ante el pleno del Congreso y se remitió a la Comisión legislativa de Seguridad para otra revisión, antes de ser discutida en próximas sesiones del Poder Legislativo estatal.Sin indisciplina ni sancionesDe acuerdo con las modificaciones planteadas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dar una segunda oportunidad, los policías no deberán contar con antecedentes de indisciplina o sanciones que repercutan o pongan en peligro el desempeño de sus funciones policiales.
