En enero de 2008, el niño Miguel Ángel López Rocha jugaba con sus amigos en la colonia La Azucena, en Juanacatlán, cuando cayó a por accidente al río Santiago, afluente cercano al asentamiento. Tras ser llevado al hospital se le diagnosticó septicemia y posteriormente cayó en coma para morir el 13 de febrero por intoxicación por arsénico. Tras reclamos de justicia de los padres y de habitantes de El Salto y Juanacatlán para resarcir los daños por la muerte del menor, así como para demandar el saneamiento del río Santiago, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2010, donde solicitó el resarcimiento del daño a los familiares "como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)".Sin embargo, a 12 años de su muerte, la dependencia no ha admitido la recomendación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha evadido el resarcimiento del daño a los familiares, pese a que ya existen mandamientos judiciales, expuso el Juan Carlos Sánchez, su representante legal. "De no atenderse este último llamado del tribunal colegiado vamos a acudir ante la Fiscalía General de la República por el delito de abuso de autoridad", contra Comisión Nacional de Atención a Víctimas y quien resulte responsable. Después de que la Conagua no reconoció que Migue Ángel se intoxicó por sustancias en el río, en 2015 los familiares y el activista Raúl Muñoz integraron expediente ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que concluyó con el reconocimiento del menor, de su madre, María del Carmen Rocha, y de su padrastro, Raúl Luna, como víctimas.Con esto debían ser indemnizados integralmente por la CEAV, sin embargo, hasta el 2017 ésta no contestó nada, pese a que la Ley General de Víctimas establece que al recibir la solicitud el Comité Evaluador debía responder en 20 días si procedía o no.Por ello, Sánchez interpuso desde entonces una serie de amparos y recursos ante tribunales federales donde han resuelto, en todos los casos, a favor de las víctimas al ordenar resarcirles los daños.Pero pese a las órdenes, la CEAV ha evadido resarcir el daño con recursos de revisión (que han perdido) con el argumento de que la Conagua no admitió la recomendación de la CNDH. Al respecto, Sánchez recordó que la Ley General de Víctimas no exige que las recomendaciones sean acatadas, sino solo que existan, y en el caso de Miguel Ángel sí la hay, por lo que un tribunal ordenó resarcir el daño sin importar si la Conagua admitía o no la recomendación. Pero ante el desacato, denunciarán. "Entonces un exhorto dirigido con nombre y apellido a la licenciada Mara Gómez Pérez, presidenta de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, de reciente nombramiento, que tome cartas en el asunto, que es grave, así como muchos otros que existen". Sánchez no descartó que este caso sea la "punta de lanza" y siente el precedente para que la autoridad pague por sus omisiones, las que han permitido que los ríos del país, y en especial el Santiago, provoquen enfermedades y muertes a miles de personas.LS
