La decisión del Congreso salvadoreño, dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, de destituir de un plumazo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General elevó al máximo las preocupaciones a nivel local e internacional sobre que se esté trastocando la división de poderes en ese país centroamericano.Como lo había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa -con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano- removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.El secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con Bukele para expresarle la “gran preocupación” del presidente de EU, Joe Biden, por la remoción de los magistrados y del máximo fiscal de la nación.“El secretario Blinken señaló el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños”, señaló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense.El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente. “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”.La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo al señalar que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron la “usurpación” de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de magistrados.“Desconocemos el mandato de las personas que han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de órganos constitucionalmente elegidos y cuyas actuaciones serán ilegitimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales”, señalaron en un comunicado.De acuerdo con Zaira Navas, abogada de la organización de derechos humanos Cristosal, los magistrados que se deben reconocer son los que la Asamblea Legislativa “pretendió” destituir. “No es legal la destitución, es inconstitucional”, señaló.De acuerdo con Rubén Zamora, el ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, existe jurisprudencia nacional e internacional sobre usurpaciones y señaló que “los delincuentes son los usurpadores y quienes los llevaron”.José Marinero, presidente de la fundación Democracia, Transparencia, Justicia (TPJ), aseguró que en El Salvador no existirá una duplicidad de salas constitucionales.Sostuvo que el proceso de destitución y de nombramiento de otros magistrados fue “atropellado, es una especie de venganza por las limitaciones que la Sala impuso al ejercicio abusivo del poder del Ejecutivo y la intención es quitar un obstáculo para el ejercicio autoritario del poder”.JL
