La Asamblea Nacional de Venezuela (ANV) denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro causó millonarias pérdidas al país con la importación a sobreprecio de los alimentos que son repartidos a familias pobres, en un programa de comida subsidiada conocido como Clap.El presidente de la comisión de contraloría de la ANV, Freddy Superlano, dijo que solo entre los años 2016 y 2017 Venezuela sufrió un daño patrimonial cercano a los cinco mil millones de dólares, causado por los enormes márgenes de ganancia de las empresas ligadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).“En una crisis como la que vive el país es mucho lo que pudo haberse hecho con esa cantidad de dinero, cuánto se pudo haber invertido en el campo venezolano para generar producción”, dijo Superlano.Según el legislador, Maduro y su esposa, Cilia Flores, “controlan” el negocio de la importación de alimentos destinados a los Clap al imponer a las empresas negociaciones con una compañía llamada Group Grand Limited (GGL) “vinculada” al mandatario.Añadió que el Parlamento ha “responsabilizado directamente al propio Nicolás Maduro” por el millonario daño a la nación, en el que también involucró a los empresarios Naim Saab, Santiago Uzcátegui Pinto y Carlos Lizcano, todos directivos de GGL.Superlano usó como ejemplo la compra en México de leche en polvo, cuyo costo para importadores ronda los 0.90 dólares por kilo. “Pero estos empresarios de los Clap la venden al país entre cinco y siete dólares (por kilo)”, explicó.El programa Clap entrega una caja de comida con productos como arroz, harina de maíz, atún, leche y granos a más de seis millones de familias del país, según el Gobierno venezolano. El precio de esa canasta es tan bajo que apenas un dólar basta para adquirir unas 244 unidades.Las cajas contienen entre 12 y 15 kilos de alimentos, se entregan una vez por mes y no incluyen productos procesados en Venezuela.Amnistía Internacional (AI) advirtió que existe una “violencia armada endémica” en Venezuela que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Gobierno y que está dirigida hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad.“Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población”, denunció el director de la organización en España, Esteban Beltrán. Beltrán presentó el informe “Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”, que denuncia las violaciones de derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable.Según dijo, aproximadamente 55% de los 21 mil 752 homicidios cometidos en 2016 fue contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que lleva varios años manteniéndose.
