El 8.7 % de la pblación de Centroamérica, 15.2 millones de personas, pasan hambre o tienen dificultades para acceder al mínimo de alimentos, dijo este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueve un programa de nutrición es escuelas."El hambre afecta a cerca del 8.7% de la población centroamericana, lo que representa 15.2 millones de personas que tienen desafíos para acceder a suficientes alimentos que les permitan desarrollarse de manera plena, sana y justa", explicó el Oficial de nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe, Israel Ríos.Los datos proporcionados por la FAO arrojan que el 37.4 % de los centroamericanos - 65.7 millones de personas- viven en "inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave", debido a que por la "falta de dinero o recursos tienen el desafío de llevar alimentos suficientes y de calidad a sus hogares".En la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que integran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana- el 13.1 % de las personas, unos 23.1 millones de centroamericanos, también viven "en condición de inseguridad alimentaria grave".Dicha condición provoca que por "falta de dinero o recursos, se deja de comer en casa o algún miembro en el hogar no come, o se sirve menos comida de lo habitual", según la FAO.Así, la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento en menores de 5 años afecta al 13 % de niños en Centroamérica, es decir, 2 millones, y unos 100 mil menores "presentan bajo peso para su tamaño o estatura".La FAO destacó que "paradójicamente", el sobrepeso está aumentado: casi un millón de menores de cinco años tienen exceso de peso y en las escuelas entre el 20 y 40 % de los niños presentan peso por encima de la media saludable."Ese escenario de hambre, desnutrición infantil, inseguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad es el caldo de cultivo perfecto para que enfermedades como la COVID-19 impacten negativamente en la salud de la población de nuestros países, incrementando el riesgo de hospitalización y de muerte", señaló Ríos.La agencia de la ONU, en conjunto con la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del SICA, lanzó la segunda edición de un curso virtual sobre transformación en la cultura de la nutrición en los espacios escolares a través de la educación alimentaria nutricional.El curso, dirigido a la comunidad educativa, tiene como objetivo integrar "proactiva y reactiva de estos actores en las dinámicas del sistema alimentario", destaco la FAO.Así, la FAO explicó que esperan que "sea el complemento perfecto, para que, a mediano y largo plazo, los escolares logren revalorizar y disfrutar el consumo de alimentos saludables, sobre todo de la producción local y campesina, y desarrollen, a través de una alimentación saludable y responsable, competencias para la vida y el desarrollo sostenible".EFEEl relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, Olivier de Schutter, pidió ante el Consejo de Derechos Humanos la creación de un “Fondo Mundial de Protección Social”, un mecanismo de financiación internacional para ayudar a proteger a la población frente a futuras crisis.Ese mecanismo beneficiaría a las sociedades a lo largo de generaciones y evitaría que un gran número de personas fueran empujadas a la pobreza, explicó De Schutter en una rueda de prensa en la que explicó su propuesta.El responsable de la ONU aseguró que los sistemas de protección social universal habrían evitado en gran medida que hasta 155 millones de personas fueran empujadas a la pobreza extrema en 2020, o los hasta 35 millones que podrían tener el mismo problema en 2021.Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de la población mundial, el 55 %, no cuenta con ninguna forma de protección social, y otro 16 % solo disfruta de sistemas parciales en ese sentido.“El panorama general es claro: en el pasado se invirtió demasiado poco en sanidad, desempleo, pensiones de jubilación o subsidios por hijos e invalidez”, afirmó De Schutter, quien estimó que se necesitan menos de 78 mil millones de dólares para que los países de bajos ingresos ofrezcan pisos de protección social y asistencia sanitaria a su población.“Aunque parezca una cifra elevada, es algo que nos podemos permitir”, continuó.El relator de la ONU explicó que se trata de una inversión que ayudaría a aumentar los niveles de educación, mejorar la seguridad alimentaria y el acceso a la sanidad, y producir ingresos económicos para las economías locales.Su objetivo es poner en marcha este Fondo Mundial de Protección Social para junio de 2022, y aunque reconoció que no es mucho tiempo para llevarlo a cabo, insistió en que ya se cuenta con los mecanismos necesarios y no se puede esperar a que se produzca la próxima pandemia para estar preparados.De Schutter, quien lleva un año negociando esta propuesta con líderes internacionales, aseguró que los países del G7 y del G20 se están dando gradualmente cuenta de la importancia de la protección social a nivel global. “La actual crisis es un desafío enorme, pero también una fantástica oportunidad para mejorar”, concluyó.EFEEl semáforo del trabajo en México está en rojo, pues 35.3 millones de personas laboran de manera precaria y 24.6 millones se encuentran fuera del mercado laboral, advirtió Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.El especialista presentó los resultados del Semáforo de Trabajo Digno, que evalúa la situación laboral de la población productiva, misma que a marzo de 2021 estaba integrada por 75 millones de personas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.El ejercicio arrojó que sólo nueve millones de personas tienen empleo formal en condiciones mínimas de dignidad, es decir, con seguridad social y un ingreso suficiente para adquirir la canasta familiar -equivalente al costo de dos canastas básicas-, lo que significó ganar más de siete mil 500 pesos al mes, en marzo pasado.En semáforo amarillo están 35.3 millones de personas que trabajan de manera precaria, pues carecen de seguridad social o no tienen ingresos para adquirir la canasta familiar.Adicionalmente, 24 millones 600 mil personas se encuentran en rojo, pues están excluidas del mercado laboral, es decir, no están empleadas, pero están en edad y condición de trabajar.En las personas excluidas hay dos subconjuntos: los desempleados, que son alrededor de 10 millones y que incluyen a desocupados como personas no económicamente activas, pero disponibles de trabajar.El segundo grupo comprende a quienes no pueden buscar trabajo remunerado por sus responsabilidades domésticas, pero laboran en el hogar de manera no remunerada. De este segmento, 95% son mujeres.La difícil situación del mercado laboral ya existía antes de la pandemia, dijo Gómez.Explicó que hay tres raíces del deterioro, una tiene que ver con un círculo vicioso: la exclusión y precariedad presionan la oferta de trabajo y al mismo tiempo crean condiciones para una mayor exclusión y precariedad. En segundo lugar, hay millones de personas con trabajo asalariado que carecen de condiciones mínimas de defensa, pues 52% de la población ocupada no cuenta con un contrato estable, mientras que 86% se encuentra sin afiliación sindical.La tercera raíz es la informalidad laboral, ya que 32.1 millones trabajan sin afiliación a la seguridad social.SUN
