Martes, 09 de Agosto 2022

Ecuador: Líder indígena llama a evitar actos vandálicos en manifestaciones

Ya son más de doce días de protestas y bloqueos en ciudades importantes de Ecuador

Por: AP .

Manifestantes exigen el cumplimiento de diez puntos de su pliego petitorio. EFE

Manifestantes exigen el cumplimiento de diez puntos de su pliego petitorio. EFE

El máximo líder de los indígenas de Ecuador convocó ayer a los manifestantes a no cometer actos vandálicos en el marco de las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas que desde hace 12 días mantiene bloqueadas vías del centro norte del país y virtualmente paralizados sectores de algunas ciudades, especialmente Quito, donde se registraron nuevos incidentes.

Poco después de llegar a la Casa de la Cultura, sitio tradicional de reunión de los indígenas que les cedió el gobierno tras 12 días de protestas, el dirigente indígena Leonidas Iza afirmó cerca del mediodía que “hemos dicho que son los 10 puntos, y punto, compañeros, y si por este paro se cae (el gobierno) no es nuestro problema”, en referencia a la decena de demandas planteada por ese movimiento.

“Tiene que quedar claro que nosotros no venimos a poner muertos, heridos para que otros oportunistas vengan... y sigan gobernando y nuestras demandas no hayan sido cumplidas”, destacó.

Miles de indígenas se posesionaron en horas de la tarde de ese espacio, que sirvió de base en las revueltas de octubre del 2019 que pusieron en aprietos al entonces presidente Lenín Moreno debido a su decisión de retirar parcialmente un subsidio estatal a los combustibles. A raíz de las protestas el entonces gobernante tuvo que dar marcha atrás en esa iniciativa.

Tras los discursos de los dirigentes y pese al pronunciamiento de Iza de hacer marchas pacíficas, una manifestación masiva se dirigió a la cercana Asamblea, que estaba sin funcionarios, y protagonizó fuertes choques con cordones policiales con los cuales se enfrentó con palos, piedras y cohetes de fuegos artificiales, recibiendo una lluvia de gases lacrimógenos. La policía entregó un reporte preliminar de seis uniformados heridos en ese lugar, mientras que los manifestantes no dieron esa información.

Al caer la noche, miles de ciudadanos, vistiendo mayoritariamente camisetas blancas y ondeando banderas nacionales, se concentraron al norte de la capital para exigir con pancartas y gritos como “Quito quiere paz”, “Quito se respeta” y otros reclamando el fin de las protestas y la reanudación de las actividades cotidianas. Similares demostraciones se realizaron en menor magnitud en otras ciudades como Guayaquil.

Las manifestaciones están impactando a sectores privados y públicos de la economía del país andino, según las autoridades.

La estatal Petroecuador informó por la tarde que a causa de las protestas se ha dejado de producir cerca del 40% del petróleo, 451 mil 914 barriles, de los campos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la amazonía, y se han cerrado 781 pozos, generando pérdidas por 45 millones de dólares, según estimaciones de la empresa. La cifra no contempla los daños a la infraestructura petrolífera, robos y sabotaje de equipos, entre otras acciones, indica.

Señaló que también se ha detenido la operación del principal oleoducto del país, el Transecuatoriano, de varias centrales de generación eléctrica de bloques petroleros y de oleoductos más pequeños. Esta semana esa empresa declaró el estado de fuerza mayor para evitar demandas y multas por el incumplimiento de la entrega de crudo. El petróleo es el principal producto de exportación de este país.

Añadió que para distribuir combustibles se ha pedido la custodia de la fuerza pública, pero debido a los bloqueos, los tanqueros no siempre llegan a su destino.

Iza había señalado que “cualquier persona que esté haciendo desmanes va a perjudicar la lucha, entonces hay que coger (detener) y controlar... no podemos tolerar nada que destruya nuestra lucha”.

Manifestó que los desmanes pueden llevar a la cárcel a los dirigentes y que el propósito de su llegada a la capital es visibilizar que millones de ecuatorianos “no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno nacional”.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas desde el lunes con ataques a bienes privados, vehículos, inclusive ambulancias, así como saqueos a negocios.

Atendiendo a uno de los pedidos de los indígenas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el gobierno autorizó que los manifestantes se congreguen en la Casa de la Cultura para que puedan mantener asambleas “con orden y bajo su responsabilidad”.

Señaló que la decisión se tomó “en aras del diálogo y de la paz y tiene como único propósito que cesen los cierres de vías, las manifestaciones violentas, los ataques en distintos lugares del país y exige como respuesta la libre movilidad de personas y bienes”.

Las ciudades de Ibarra, Cayambe, Otavalo, Latacunga, Ambato y Cuenca, entre las más importantes, casi no cuentan con reservas de gasolina y gas de uso doméstico y la provisión de alimentos es mínima debido a los cortes de carreteras, según las autoridades.

La Confederación inició el 14 de junio una protesta nacional en reclamo de la reducción del precio de la gasolina de 2.55 dólares a 2.10 dólares el galón, la fijación de precios por decreto de productos agropecuarios y el aumento del presupuesto para la educación intercultural como parte de una agenda de 10 exigencias.

La Corporación Eléctrica del Ecuador denunció la noche del miércoles en un comunicado que más de 300 indígenas tomaron una importante estación eléctrica de la provincia de Tungurahua, clave para el sistema de alta tensión nacional, exigiendo que se desconecte. Esa instalación es básica para el abastecimiento de la ciudad portuaria de Guayaquil. Los operadores de la estación están retenidos por los manifestantes.

El edificio de la Fiscalía General amaneció con un fuerte resguardo policial y militar luego de que los manifestantes lo atacaron durante dos días seguidos, ingresaron a sus instalaciones y destruyeron algunos documentos de esa institución que lleva adelante la investigación de sonados casos de corrupción, especialmente de exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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