La crisis de seguridad y justicia que México arrastra desde hace décadas nos ha conducido a un callejón cada vez más estrecho. El muro ya no está lejos. El crecimiento del crimen organizado ha sido sostenido, profundo y corrosivo; no sólo ha transformado regiones enteras del país, sino que ha sido, durante más de medio siglo, una fuente recurrente de tensión con Estados Unidos.Casi nadie recuerda hoy que, en 1969, la llamada Operación Intercept, ordenada por el gobierno de Richard Nixon con el argumento de frenar el ingreso de marihuana mexicana a Estados Unidos, fue en los hechos un cierre funcional de la frontera. Duró poco, pero dejó instalada una lógica que no ha dejado de crecer: Washington puede convertir el problema de las drogas en instrumento de presión bilateral. Después vendrían el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en 1985; el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain en 1990; la fallida operación Rápido y Furioso de 2009; la llegada de Donald Trump al poder con el muro, las amenazas arancelarias y el uso político de la migración; la crisis provocada por el caso del general Salvador Cienfuegos; y, más recientemente, la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.Mientras tanto, México ha reformado una y otra vez su sistema de seguridad y justicia. Ha cambiado policías, fiscalías, códigos, tribunales, modelos procesales, instituciones de inteligencia y estrategias de seguridad. Pero esa evolución normativa e institucional ha convivido con una debilidad persistente: la corrupción política y judicial que los grupos criminales han sabido capitalizar. El crimen organizado no creció sólo por su violencia. Creció también porque encontró protección, financiamiento, omisión, miedo, complicidad y captura institucional.Vista en perspectiva, la presión externa ha sido constante y creciente. Podría pensarse que los episodios actuales son apenas una etapa más de ese proceso lineal. Pero hay un elemento nuevo: el cambio doctrinal y operativo en Estados Unidos. Washington parece moverse hacia una visión en la que, por razones de seguridad nacional, el hemisferio debe quedar bajo una suerte de tutela de facto para impedir la presencia o influencia de otras potencias económicas y militares. Esa mirada no se limita al narcotráfico. Incluye migración, cadenas de suministro, minerales estratégicos, puertos, energía, telecomunicaciones, comercio, inversión china y seguridad regional.Desde esa perspectiva, al calcular el riesgo cercano de las acciones en curso contra políticos mexicanos, ha aparecido la carta de Andrés Manuel López Obrador. Es, sin duda, una manifestación defensiva en la que presume tener un cetro político. Con él en mano ha hecho un llamado a la movilización política con espíritu nacionalista y antinorteamericano. Una movilización que estrecha los márgenes de la Presidencia, endurece la posición pública del Gobierno mexicano y convierte cualquier negociación con Estados Unidos en sospecha de claudicación. Es un desafío político: tienes el trono, pero yo tengo un cetro.Hay además un problema institucional de fondo. Al intervenir de esa manera, López Obrador asume que conserva el poder de conducción sobre el movimiento político que fundó y que puede, desde ahí, fijar los límites de la política exterior mexicana, especialmente frente a Estados Unidos. Eso limita a la Presidencia de la República. Estrecha públicamente sus márgenes y deja ver que existe un factor de poder que no controla plenamente.La historia muestra que es intolerable el condicionamiento del mando. El principio institucional sigue siendo válido: frente a una potencia como Estados Unidos, el Estado mexicano no puede comunicar que hay dos centros de mando, como sugiere la carta.Para resolver el entuerto hay que volver sobre la crisis de seguridad y justicia crónica. La debilidad en esos sectores se convierte en una fisura enorme, y nuestros vecinos la están aprovechando. En cierta forma, los expedientes consolidados en Nueva York son también resultado de la falta de solidez, oportunidad y eficacia del aparato mexicano de justicia.Si México quiere impedir que Estados Unidos utilice el argumento del narcotráfico para ampliar su presión, debe cerrar el espacio de vulnerabilidad interna que esa presión explota. No basta con denunciar la injerencia si al mismo tiempo persisten zonas de impunidad, pactos locales, financiamiento ilícito de campañas, captura municipal, lavado de dinero y protección política al crimen.La soberanía se defiende con instituciones capaces de actuar. Un Estado que investiga, procesa y sanciona con eficacia tiene mayor autoridad para exigir respeto. Un Estado que responde sólo con consignas deja abierto el flanco para que otros pretendan actuar en su lugar. El tema no es la proclamación sino el ejercicio soberano. Y para ejercerlo, especialmente frente a Estados Unidos, el trono y el cetro deben estar siempre en la misma mano.luisernestosalomon@gmail.com
